SEVILLA, 14 Sep. (EUROPA PRESS -
El grupo parlamentario de Podemos Andalucía ha registrado este lunes en la Cámara andaluza la Proposición de Ley de Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana en la Administración Andaluza, conocida como Ley de Emergencia Ciudadana, con el objetivo de que la Junta "actúe para procurar que se garantice la efectividad de la prestación de servicios públicos" que afecten "a la supervivencia de las personas en condiciones de dignidad", priorizando el pago de las emergencias ciudadanas frente a "gastos secundarios "como las dietas o la propaganda institucional".
El texto ha sido presentado en rueda de prensa por la portavoz parlamentaria y secretaria general del partido, Teresa Rodríguez, y la coordinadora del Grupo Parlamentario, Esperanza Gómez, quienes confían en que la Mesa de la Cámara acepte su tramitación y que el Gobierno andaluz "no la bloquee", "al igual que ha ocurrido con la Ley de Cuentas Abiertas"
"Se trata de una Ley que pretende ayudar a la ciudadanía, a esa ciudadanía más vulnerable en estos tiempos de crisis, y esperamos contar con el resto de grupos para que salga adelante", ha explicado Rodríguez, al tiempo que ha defendido que aplicar esta ley no supone un incremento presupuestario.
Así las cosas, ha recordado que Podemos persigue tres objetivos, "la transparencia y la lucha contra la corrupción, que se atiendan de forma urgente las necesidades ciudadanas derivadas de la crisis y las políticas de austeridad y recortes, y la ética y la eliminación de privilegios políticos", y que este texto responde "al segundo pilar" y procede de su programa electoral.
Esta iniciativa legislativa, la segunda que registra este grupo parlamentario en la presente legislatura, busca que la administración "tenga unos ritmos similares a los de la vida", de manera que pretende que el Gobierno andaluz priorice los asuntos de emergencia ciudadana frente a otros gastos como "dietas o propaganda institucional".
Ha censurado que en muchos casos, los derechos sociales no se cumplen no porque no estén recogidos por las leyes, sino porque "los procedimientos son demasiados lentos para atender a la urgencia de la vida".
"Se trata de paliar los déficit generados por las políticas de austeridad y de contención del gasto", ha explicado la portavoz parlamentaria para defender que no son partidarios de "poner parches" pero que en este caso "es urgente establecer mecanismos de este tipo en el funcionamiento de la administración" ante la emergencia ciudadana.
El objetivo de esta proposición de ley, que aún no han negociado con ningún otro partido, es "agilizar la tramitación de los procedimientos administrativos derivados de situaciones que están relacionadas fundamentalmente con la supervivencia de la familia, así como atiende a los colectivos con especial riesgo de exclusión".
Establece medidas como acortar los plazos del pago del salario social; que se dé cobertura prioritaria a los puestos de la administración que atiendan a personas en situación de especial dificultad, como las personas mayores o los menores; y que se dé prioridad en la tesorería a los pagos a este tipo de procedimiento, "no puede ser que se tarde entre nueve y doce meses en pagar el salario social mientras sus señorías cobran las dietas de forma puntual".
"Por cuestión de decencia deberían priorizarse los gastos de emergencia social frente a gastos de protocolo, de propaganda o publicidad institucional y otros gastos secundarios", ha advertido Rodríguez antes de insistir en que sacar adelante esta proposición de ley no supone un aumento presupuestario ni de las plantillas que prestan estos servicios, sino que reclaman una organización diferente, que prioricen procedimientos de emergencias ciudadanas.
De otro lado, ha defendido la necesidad de legislar a nivel andaluz mecanismos similares a los que están estableciendo muchos ayuntamientos, "incluso algunos gobernados por el PSOE como el de Sevilla, que han logrado el Gobierno con el apoyo de candidaturas de unidad popular en los que hay miembros de Podemos", para evitar el corte e la luz y el agua a personas en riesgo de exclusión social. Entiende Podemos que este extremo debería legislarse a nivel andaluz, para que no dependiendo de donde nace cada uno pueda o no acogerse a ese procedimiento".
