SEVILLA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de Podemos Andalucía va a defender este miércoles en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales una proposición no de ley (PNL) por la que reclama a la Junta elaborar un plan de garantía habitacional inmediata para toda aquella mujer que, previa valoración de los servicios sociales especializados, ostente la condición de mujer violentada por violencia machista, con independencia de la concurrencia de orden de protección o no.
Según la iniciativa, recogida por Europa Press, en dicho plan de garantía habitacional inmediata se contemplará que la Junta facilite, en el plazo máximo de un mes a computar desde la solicitud por parte de los servicios sociales especializados correspondientes, el acceso a una vivienda dotada de todos los suministros necesarios.
De la misma manera, Podemos reclama ampliar el ámbito de aplicación de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Protección y Prevención Integral contra la Violencia de Género, a todas las formas de violencia contra la mujer de acuerdo con lo exigido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su Recomendación general número 19 y con el Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) ratificado por España.
Y también solicita realizar una evaluación de los recursos públicos y de impacto de todos los planes, programas, servicios en materia de igualdad y prevención de violencia machista dependientes de la Junta, y que la evaluación de impacto se realice en cooperación con las organizaciones especializadas de la sociedad civil en el plazo máximo de tres meses.
Citando a Naciones Unidad, Podemos expone que las violencias machistas son un grave problema no solo para las mujeres y sus hijos, sino también para la sociedad en su conjunto y para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz; y por eso "debemos enfrentarlo conjuntamente, al ser un asunto de todas y todos".
Así, afirmado que el respeto a los derechos humanos en una condición esencial para el desarrollo de nuestro país, Podemos defiende que "es obligación del Estado proteger y garantizar los derechos de las mujeres y de sus hijos e hijas". Sin embargo, sostiene que en los últimos tiempos las políticas públicas en materia de igualdad, en general, y contra la violencia machista, en particular, "se han visto seriamente amenazadas por los recortes presupuestarios", con lo que se produce "un progresivo desmantelamiento de las políticas de igualdad que inciden directamente en los derechos humanos de las mujeres y, por tanto, en nuestro sistema democrático".
Podemos se hace eco de las conclusiones que arrojó, en junio de 2015, el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que afirmó que "España suspende en igualdad de género" y que "lejos de avanzar, España está en claro retroceso".
CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES DE LA ONU
Como advierte la formación morada, el documento de la ONU señala que "el retroceso no es solo un resultado inevitable de la crisis económica, sino de la política de austeridad de este Gobierno, que no está plenamente justificada por la crisis, señalando que se ha observado un preocupante retroceso del empoderamiento social y económico de las mujeres y apuntando a la reducción del presupuesto de servicios sociales en muchas comunidades autónomas".
El partido de Teresa Rodríguez defiende que desde las comunidades autónomas "podemos y debemos asumir compromisos expresos en esta materia, adoptando las medidas necesarias para cumplir, dentro de las competencias propias, las recomendaciones realizadas por Naciones Unidas".
Por otro lado, incide en que respecto a la calidad de los servicios, están "seriamente amenazados por la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local, debiendo arbitrar las medidas necesarias para garantizar la prestación de servicios y su mantenimiento municipal".
Asimismo, Podemos manifiesta que desde la sociedad civil y los profesionales que intervienen se detecta que el acceso a múltiples ayudas para las mujeres violentadas "está condicionado a la existencia de una orden de protección", cuando recuerda que solo un tercio de las mujeres asesinadas había interpuesto denuncia por violencia de género.
Por todo, la formación morada persigue con esta iniciativa que el Parlamento inste al Gobierno de la Junta a priorizar el acceso a la vivienda protegida dependiente de ella no solo a las mujeres que ostenten la condición de víctimas en virtud de orden de protección o sentencia firme, sino a todas aquellas que, aun no habiendo interpuesto denuncia, sí sean mujeres violentadas por violencias machistas, y todo ello de forma inmediata.
