SEVILLA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
El diputado de Podemos Andalucía y vicepresidente tercero de la Mesa, Juan Ignacio Moreno Yagüe, ha dado la bienvenida al anuncio del Gobierno de Andalucía de Ley de Garantía Hipotecaria, puesto que "todo lo que sea proteger a los consumidores será bienvenido por Podemos, y en la correspondiente tramitación parlamentaria se harán las aportaciones necesarias para mejorar y hacer salvedades a los presentado por el Gobierno".
No obstante, Moreno Yagüe, que ha expuesto en una nota que la ley "tiene como punto estrella la creación de un Tribunal de Arbitraje al que la entidades financieras podrán adherirse voluntariamente, y a la vista está lo que ha pasado con la normativa estatal del Partido Popular, en la que unos bancos se han adherido y otros no", ha explicado que "al no existir sanciones contra los bancos la ley puede quedar en papel mojado".
El diputado de Podemos ha afirmado que si se quiere proteger a los usuarios "no se puede hacer cuando la hipoteca está firmada, cuando ya se ha producido el estropicio o descalabro del ciudadano, y si se quiere proteger habrá que atenderlos antes de la firma de la hipoteca y asesorarles y cubrirle de los posible prejuicios de la firma de hipotecas, que la mayoría no cumplen, por las cláusulas que introducen los bancos, con los requisito básico y mínimos de protección de consumidores y usuarios".
Por otro lado, sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que desestima en parte el recurso que interpuso el PP contra la ley andaluza de medidas para la vivienda protegida y suelo aprobada en 2005, el diputado de Podemos ha señalado que "desde 1978, que se desarrolla la legislación estatal, en dos reales decretos, sobre viviendas de protección oficial (VPO), las administraciones públicas tienen la obligación de ejercer el retracto en todas la transmisiones de VPO".
Así que "por un lado, tenemos al PP recurriendo una norma andaluza que ya existía en la legislación estatal, y por otro lado tenemos al Partido Socialista de Andalucía, orgulloso de que el Constitucional no le haya tumbado una norma que ya existía y que jamás ha ejercitado, puesto que en 37 años la Junta no ha acudido a los juzgados a ejercer el derecho de retracto, que ya existía en las normas estatales, para quedarse con las viviendas de VPO ejecutadas, ni tampoco intervenía cuando desde las notarías se les comunicaba las trasmisiones de VPO entre particulares".
