SEVILLA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
Después de que el Ayuntamiento de Marchena, gobernado por María del Mar Romero (PSOE), haya incorporado seguridad privada para apoyar a los efectivos de la Policía Local ante la baja por incapacidad temporal de 23 de los 31 agentes en activo, en el marco del conflicto laboral entre tales agentes y el Gobierno local, el PP de Sevilla ha advertido este viernes de que al autorizar tal extremo, el Gobierno central ha "abierto una puerta muy peligrosa para la seguridad de los españoles", mediante una "interpretación torticera" de las leyes.
La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha intervenido este viernes en el Comité Territorial de Portavoces del PP de Sevilla, junto al vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol; y la secretaria general del PP andaluz, Loles López; lamentando "los tintes absolutistas que está ofreciendo el Gobierno de Pedro Sánchez con la connivencia del PSOE andaluz, una deriva totalitaria que también está llegando a la provincia de Sevilla y que está abriendo puertas muy peligrosas para los sevillanos".
A su entender, la medida adoptada por la alcaldesa socialista de Marchena constituye "un ataque inadmisible a los miembros de la Policía Local", reprochando a la alcaldesa que en el marco del conflicto que sacude al cuerpo, haya "provocado la baja por ansiedad y depresión de 23 agentes de los 31 que hay en activo, lo que supone un auténtico riesgo para la seguridad en el municipio, al no contar con suficientes policías para garantizar los turnos", extremo esgrimido por el Gobierno local para la incorporación de vigilancia privada que apoye a la Policía Local.
"Ante esta situación, y lejos de que desde la Subdelegación del Gobierno en Sevilla haya apoyado a Marchena poniendo a su disposición efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado como agentes de la Guardia Civil, el subdelegado, Carlos Toscano, ha decidido autorizar a la alcaldesa para que vigilantes privados hagan labores policiales", rememora Virginia Pérez, pues en efecto la Subdelegación ha confirmado que la medida cuenta con su autorización, merced a informes "favorables" del Ministerio de Interior, según fuentes de la institución consultadas por Europa Press.
En este punto, Virginia Pérez insiste en que "la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de Andalucía especifica que lo único que puede hacer la vigilancia privada son labores de vigilancia de edificios y solo, en determinadas circunstancias, con carácter extraordinario y cuando así lo soliciten las Fuerzas de Seguridad del Estado, la vigilancia privada podría apoyarles". "Unos supuestos que nada tienen que ver con lo que ha hecho el subdelegado del Gobierno autorizando la contratación de vigilantes privados para la seguridad de Marchena", ha considerado.
Así, ha reiterado que el PP va a "pedir explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez ante la peligrosa puerta que está abriendo en esta provincia y que podría suponer una brecha en la seguridad de los sevillanos". "Lo que tendrían que explicar Marlaska y Sánchez es si han decidido que a partir de ahora la seguridad de los españoles va a ser responsabilidad de la vigilancia privada y no de la Guardia Civil, la Policía Nacional o la Policía Local", ha enfatizado, apreciando una "interpretación absolutamente torticera de las leyes".
