El PP pide que la Diputación apoye su propuesta de Ley contra la ocupación ilegal ante el "creciente" problema

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo popular de la Diputación de Sevilla ha presentado una moción para el próximo pleno provincial, con el objetivo de instar al Gobierno de la Nación a aprobar una "Ley Antiokupación que garantice la propiedad privada, así como la seguridad y la convivencia entre los vecinos", pues los populares promueven una regulación que contemple penas de hasta tres años para el delito de usurpación de inmuebles, con un plazo de 12 horas para la expulsión de los autores de los hechos, propuesta para la que también reclaman respaldo.

La portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, María Eugenia Moreno, ha asegurado que "según los últimos datos publicados, la ocupación ilegal de viviendas en España ha crecido un 58% en los últimos cinco años pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 12.214 en 2018".

"Los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España, a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se ha denunciado", asevera, mientras una respuesta del Gobierno central a una pregunta del PP, recogida por Europa Press, da cuenta de que en Andalucía, las usurpaciones de inmuebles disminuyeron un 4,28% en el primer semestre de este año 2020 en relación al mismo periodo de 2019, si bien aumentaron un 6,8% en todo el pasado año 2019 respecto a 2018.

Moreno prosigue exponiendo que "en el caso de la provincia de Sevilla, desde 2018 se han producido 2.102 ocupaciones ilegales, 783 hechos conocidos de ocupación ilegal en 2019, en 2019 hubo 897 casos de ocupación y en lo que llevamos de año hasta el mes de junio y en pleno estado de alarma, ya se han producido 422 ocupaciones ilegales".

"Además, y desde el punto de vista judicial, desde 2018 se han presentado en la provincia 200 denuncias por ocupaciones ilegales de las que 80 continúan aún en trámite", insiste señalando que "en 2019 aumentaron los asuntos ingresados respecto a 2018 en un 178,26%, pasando de 46 casos en 2018 a 128 en 2019, y solo en el primer trimestre de 2020 ya se han presentado 26 procedimientos judiciales por ocupación".

Por eso, avisa de que se trata de "un problema creciente que ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada y altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes", por lo que reclama "reforzar el ordenamiento jurídico para que los okupas no puedan ampararse en ningún vacío legal para ejercer con impunidad la ocupación de viviendas".

Así, ha defendido la propuesta del PP en el Congreso para que la autoridad pública o sus agentes puedan desalojar las viviendas usurpadas en un plazo de 12 horas; considerar nula la inscripción en el Padrón municipal cuando la persona inscrita sea "un ocupa ilegal"; agilizar el proceso penal para juzgar estos hechos y penas para los autores de los mismos, así como "inhabilitación de 15 años para ejercicio de cargo público" para quienes alienten actuaciones así.

"Además, esta proposición de ley refuerza los medios de los que disponen las comunidades de propietarios para combatir la ocupación ilegal y las negativas consecuencias que tiene para la convivencia y la seguridad de los vecinos, que podrán adoptar medidas preventivas tales como tapiar o cerrar puertas o ventanas".

Así, la moción del PP en la Diputación pide comprometerse con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra ocupación ilegal de viviendas y con el apoyo a quienes "se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda"; reclama además al Gobierno central "una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal" y solicita "apoyar las modificaciones legales y las medidas incluidas en la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal" que promueve el PP.

Durante el reciente debate de una moción similar en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla, PP, Cs y Vox avisaban de los "alarmantes datos" relativos a la ocupación y el PSOE y Adelante llamaban a diferenciar entre el delito de allanamiento de morada, que según insisten cuenta con mecanismos de "expulsión inmediata", y el delito de usurpación de bienes ajenos no habitados.