SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
El PP andaluz registró en el Parlamento una enmienda a la totalidad del proyecto de Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, a través del cual pide la devolución del texto al Consejo de Gobierno, puesto que, a juicio de los populares, este texto "va a generar es 770 formas diferentes, una por municipio, de garantizar el derecho de los andaluces a la vivienda", y además criticó que la Ley "delega competencias autonómicas en los ayuntamientos sin previa aceptación ni dotación económica".
Según explicó en una nota la portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Popular, Alicia Martínez, con este texto "será imposible cumplir el objetivo estatutario de garantizar a todos los andaluces el acceso a una vivienda digna y adecuada" y "delega competencias autonómicas en los ayuntamientos sin previa aceptación ni dotación económica".
Martínez recordó que tanto el Estatuto de Autonomía como la Constitución recogen que las políticas de vivienda son competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
Asimismo, según precisó, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local "deja claro que la competencia municipal en materia de vivienda tiene carácter facultativo y no imperativo, y prevé que la delegación de competencias autonómicas a los ayuntamientos queda supeditada a su aceptación por el municipio, salvo que se imponga obligatoriamente por ley, 'en cuyo caso habrá de ir acompañada necesariamente de la dotación o el incremento de medios económicos para desempeñarlos".
Alicia Martínez subrayó que en el texto del Proyecto de Ley "no se justifica tal delegación, que va a generar 770 formas diferentes de garantizar el derecho de los andaluces a la vivienda, puesto que tal como el propio texto contempla el ejercicio efectivo de ese derecho y su protección jurisdiccional depende del cumplimiento del deber de promoverlo a través del plan municipal de vivienda, que se convierte en competencia impuesta a los municipios, y elemento responsable fundamental de tal ejercicio".
Para el PP, "la Junta no podrá cumplir, como recoge la Ley, con la premisa de tener siempre dotación presupuestaria para conceder las ayudas sean cuales sean las condiciones del mercado financiero". "De igual forma --prosiguió-- que no se asegura el derecho a la vivienda para las situaciones de familias que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza", por los niveles de esfuerzo económico que fija el texto
Alicia Martínez señaló también que el proyecto de Ley "consolida una imposición legal en la aportación de suelo de patrimonio municipal a la promoción pública de viviendas, suponiendo una clara injerencia en la competencia municipal en materia de creación y gestión de suelo". Mediante esta ley la Junta, según aseguró, "podrá delimitar reservas de suelo autonómico para viviendas protegidas quedando el ayuntamiento obligado a incorporarlo a su planeamiento".
A juicio de la portavoz popular, "no es admisible este intercambio de papeles, mientras la Junta abandona su responsabilidad en materia de vivienda en los ayuntamientos, asume el control de las cesiones de suelo municipal imponiendo su destino y limitando con ello el patrimonio municipal de suelo".
EL PP PIDE UN REGISTRO PÚBLICO AUTONÓMICO
Otras de las "imposiciones a los ayuntamientos" que recoge la Ley, según el PP, es el registro municipal de demandantes de Vivienda Protegida, frente al que los populares abogaron por un registro público autonómico, como han hecho otras comunidades autónomas.
Además, recalcó que la Ley nace "sin sostén financiero" y que "viene a aplazar una vez más el debate del Pacto Local" al tiempo que criticó la "ambigüedad" del texto que "podría generar inseguridad jurídica". "LA JUNTA SE LAVA LAS MANOS", SEGÚN EL PP
Sobre la posibilidad de reclamar a los ayuntamientos ante los tribunales el cumplimiento de la obligación de promover viviendas a través de los planes municipales, Alicia Martínez consideró "inadmisible" que la Junta "se lave las manos" y "desaparezca por completo de la exigibilidad", máxime cuando los ayuntamientos dependen de la Junta para la aprobación de los planes generales, la calificación de viviendas protegidas, o la firma de convenios de ayudas para la rehabilitación.
"Esta Ley es tanto el resultado de décadas de incumplimientos en materia de vivienda y dejación de sus responsabilidades de los sucesivos gobiernos de la Junta de Andalucía como una adulteración de las competencias de las distintas administraciones públicas", aseveró.
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