PP-A reclama a Zarrías que "ponga nombre propio y apellidos al diablo"

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SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El portavoz de Función Pública del Grupo Popular del Parlamento de Andalucía, Rafael Ruiz Canto, ha pedido al antaño consejero de la Presidencia y actual secretario federal de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, que, merced a sus propias declaraciones, "ponga nombre propio y apellidos al diablo" para aclarar la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas y subvenciones arbitrarias que investiga la juez Mercedes Alaya.

   En una rueda de prensa en Sevilla, Rafael Ruiz Canto ha aludido a las propias declaraciones de Gaspar Zarrías, quien recientemente ha manifestado no conocer al exsindicalista jiennense de UGT Juan Lanzas, imputado en la causa tanto por su presunto papel como negociador en los casos de despidos colectivos, como por disfrutar de dos de las prejubilaciones fraudulentas investigadas y financiadas con cargo a la partida presupuestaria 31L. Lanzas, según la investigación, cobraba hasta 600.000 euros "en dinero 'b'" a la hora de conseguir financiación pública y soporte administrativo para las prejubilaciones de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE).

   Dado que, en alusión al conflicto laboral de la planta agroalimentaria de 'Primayor', Zarrías ha defendido que "si había que hablar con el diablo, se hablaba con el diablo" para solucionar el destino de los trabajadores de esta empresa, Ruiz Canto le ha reclamado directamente "que diga quién es el diablo". "Póngale nombre propio y apellidos al diablo y quizá podamos aclarar muchas cosas", ha pedido el dirigente popular a Gaspar Zarrías.

LA TRAMA DE LOS ERE

   La juez Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso general de dichos fondos al contemplar ayudas directas a empresas sin la preceptiva fiscalización.

   Porque mediante un acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, entonces dirigida por Francisco Javier Guerrero, y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros con cargo a la partida presupuestaria 31L en concepto de ayudas directas a empresas o ayudas socio laborales para trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE).

FALSAS PREJUBILACIONES

   Esta fórmula, según la investigación, sería supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y habría servido para canalizar los fondos públicos de manera presuntamente arbitraria. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancia administrativa" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo.