SEVILLA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PP-A, personado como acusación popular en el caso de los cursos de formación, ha solicitado por segunda vez al Juzgado que le haga entrega de certificación o testimonio de las grabaciones originales de las declaraciones de testigos e imputados "celebradas hasta la fecha" a fin de acompañarlas junto con la "denuncia" que tiene previsto interponer ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la "filtración" del futuro archivo de la pieza 'política' de esta causa.
En un escrito elevado al Juzgado el pasado día 19 de julio, consultado por Europa Press, el PP-A recuerda que el pasado día 7 ya presentó un primer escrito en el que solicitaba una copia de las grabaciones audiovisuales originales de las declaraciones celebradas en la causa una vez comprobado que las que le fueron entregadas "son defectuosas e incompletas".
En este sentido, cabe recordar que la juez María Núñez Bolaños dictó un auto de fecha 15 de julio en el que, respondiendo a este primer escrito de los 'populares', le reclamaba que indicara los "defectos" o "deficiencias" que ha localizado en "todas" las grabaciones de audio que le han sido entregadas de las declaraciones celebradas en esta 'macrocausa', "con indicación del defecto concreto y minuto en el que se produce".
No obstante, el PP-A lamenta ahora que dichas grabaciones audiovisuales no le han sido entregadas y vuelve a solicitar a la letrada de la Administración de Justicia --antiguamente secretaria judicial--, "como garante de la fe pública y de la documentación de las actuaciones", que le entregue una certificación o testimonio de las grabaciones audiovisuales originales de las declaraciones de testigos e imputados "celebradas hasta la fecha".
Y todo ello, según pone de manifiesto la abogada que ejerce la acusación popular en nombre del PP-A, "al objeto de acompañarlas junto con la denuncia que mi cliente tiene previsto interponer ante el Consejo General del Poder Judicial".
El pasado 15 de julio, la magistrada dictó un auto respondiendo a la petición inicial del PP-A en el que señalaba que, de conformidad con el artículo 454 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 145 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las actuaciones procesales que no consistan en escritos y documentos se documentarán por medio de actas y diligencias.
De este modo, añade que, "cuando se utilicen medios técnicos de grabación o reproducción", el letrado de la Administración de Justicia "garantizará la autenticidad de lo grabado o reproducido, siendo pues el responsable tanto de la grabación como de las copias que se entreguen a las partes".
"La grabación constituye el acta de documentación de la actuación procesal y se prohíbe su transcripción", según el artículo 147 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que "las actuaciones orales en vistas, audiencias y comparecencias celebradas ante los jueces o magistrados o, en su caso, ante los secretarios judiciales, se registrarán en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y la imagen y no podrán transcribirse".
La juez agrega que, en su primer escrito, el PP-A alega "divergencias" entre la grabación y el acta escrita, señalando Núñez que "no existe transcripción alguna del acta realizada en este Juzgado, si bien, y por deferencia a las partes", la letrada de la Administración de Justicia "hace una sucinta relación de lo manifestado que carece de valor, siendo, sólo y exclusivamente, la grabación el acta de documentación de la actuación procesal".
"AL PARECER TODAS" LAS GRABACIONES "SON DEFECTUOSAS O INCOMPLETAS"
La magistrada manifiesta que, en su escrito de 7 de julio, la acusación popular del PP-A solicita una copia audiovisual de "todas" las grabaciones realizadas en la causa, pues "al parecer todas son defectuosas o incompletas".
A fin de comprobar la existencia de las "deficiencias" alegadas, y siendo la letrada de la Administración de Justicia "garante de la autenticidad de lo grabado o reproducido", la instructora requirió al PP-A para que "aporte todas las grabaciones entregadas en el soporte original, con indicación del defecto concreto y minuto en el que se produce".
Todo ello, explica la juez, a fin de que la letrada de la Administración de Justicia "proceda al cotejo con la grabación original que se conserva en el servicio de informática, Programa Arconte, y compruebe los defectos o deficiencias que indique la parte, dando cuenta de los mismos y su causa", tras lo que, "con su resultado, se acordará".
LA QUEJA
De su lado, la secretaria general del PP-A, Dolores López, ya anunció que su formación va a presentar un escrito ante el CGPJ para pedir que se investigue la "filtración" sobre el archivo de la pieza 'política' de los cursos de formación, como es la que afecta a 24 exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los ex delegados del ramo en las ocho provincias andaluzas.
Así se pronunció López en rueda de prensa después de que fuentes judiciales informaran a Europa Press de que la magistrada dictará en los próximos meses un auto en el que archivará la referida pieza, una de las nueve en que dividió la causa en diciembre del pasado año 2015, al no apreciar delito y considerar que únicamente se habrían cometido irregularidades administrativas.
López mostró la "máxima preocupación" del PP-A por lo que está ocurriendo en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, "tanto por los hechos en sí como por el momento" en el que se produjeron, apenas unos días antes de finalizar la campaña de las elecciones generales del 26J. También criticó que el PSOE-A esté haciendo una "utilización política" de dicha filtración, "dando por bueno un archivo que no se sabe si se va a producir o no".
Tras considerar un hecho "insólito" que se conozca el "anuncio anticipado de un posible archivo del caso de los cursos para dentro de unos meses, la número dos del PP-A dijo que no dan crédito a esta situación y que la Justicia como se pronuncia es "a través de autos". En su opinión, "hay que tener en cuenta que la instrucción no está finalizada y que todavía quedan declaraciones por realizarse".
