Prodeni cree que la Junta "no tiene voluntad de garantizar buenas condiciones" para menores inmigrantes no acompañados

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación Pro-Derechos del Niño y la Niña, Prodeni, afirmó hoy que "ni Administración central ni la autonómica tienen verdadera voluntad para garantizar" que los menores inmigrantes no acompañados que residen en Andalucía vivan en "buenas condiciones".

Según explicó a Europa Press el presidente de Prodeni, José Luis Calvo, las administraciones en general "hacen la ley, pero también la trampa", de modo que "van buscando las grietas que la Ley de Extranjería en este caso les permite para jugar a la doble baza y aplicar unos recursos precarios e insuficientes en lugar de invertir todo lo necesario para, dentro de ese marco legal, poner a disposición de estos menores métodos y fórmulas para que entren, con garantías, en los circuitos de normalidad social y económica".

Por esta razón, Calvo aseguró que la política de integración de los menores inmigrantes no acompañados en Andalucía es "un auténtico fracaso". Como ejemplo, el presidente de Prodeni citó "el interés desmedido" que, a su juicio, "la Junta de Andalucía tuvo por repatriar a todos los menores inmigrantes no acompañados que vivían en la Comunidad con la excusa de que estos menores no estaban desamparados en sus países de orígenes porque tenían una familia".

Según Calvo, esto fue "un lavado de cara con el que la consejera para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, quiso dar a entender que si estos menores habían salido de aquellas familias en sus países de origen era con conocimiento de las propias familias, cuando en realidad, lo que esto venía a constatar era que dichas familias habían demostrado un flagrante abandono hacia sus hijos".

Además, el presidente de Prodeni hizo hincapié en que esta situación se sigue produciendo "hoy día porque, pese a que en los últimos dos o tres años se han suspendido prácticamente las repatriaciones, lo que se ha demostrado es que a las administraciones les urge más repatriarlos y quitárselos del medio que buscar el beneficio de los propios menores".

En este sentido, abogó por "mejorar la coordinación y la intervención institucional entre las distintas comunidades autónomas, la autoridad central y los países de origen" de estos menores, así como por ofrecerles "medidas de protección que traten a estos niños en las mismas condiciones que los demás, aunque atendiendo a las necesidades especiales en cuanto a la cultura, el idioma y la formación que se les presentan".

De lo contrario, en opinión de Calvo, "estos chavales entran en un circuito de marginalidad como el de la prostitución y la explotación sexual o la drogadicción que, aunque puede que les genere posibilidades de subsistencia, están lejos de cualquier legalidad", creando así un "círculo vicioso del que es muy difícil salir".