AZNALCÓLLAR (SEVILLA), 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
El PSOE de Aznalcóllar (Sevilla) ha celebrado un encuentro con el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, para pedirle que se levante la paralización de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, dado que la investigación judicial fruto de la cual fue paralizado el citado procedimiento, fallado en favor de la agrupación empresarial México/Minorbis, "viene dando la razón a la Junta de Andalucía y desmontando el circo mediático".
En un comunicado remitido a Europa Press, los socialistas de Aznalcóllar exponen que han trasladado al consejero la "delicada situación" del municipio, cuyas esperanzas de empleo están centradas en la reapertura de esta mina explotada por la antigua Boliden-Andaluza de Piritas S.A., hasta la catástrofe medioambiental de 1998. La Junta de Andalucía, recordémoslo, suspendió la nueva adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento, a cuenta de la investigación judicial del procedimiento seguido para ello por la Administración andaluza.
Juan Ramón Losada, portavoz municipal del PSOE, defiende que los socialistas están "convencidos del buen hacer de los funcionarios que han llevado a cabo el procedimiento", mientras "todos los demás partidos se han sumado a la crítica fácil y destructiva poniendo en peligro el procedimiento y así la reapertura de la mina".
"A pesar de todas las dificultades, este Gobierno y nuestra presidenta han sabido estar a la altura de las circunstancias para defender el empleo de los vecinos de Aznalcóllar, sin pancartas y sin circos, con trabajo y dedicación", dice Juan Ramón Losada.
Dada la situación de la investigación judicial incoada por el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, los socialistas de Aznalcóllar han pedido por escrito al consejero de Empleo el levantamiento de la paralización de la adjudicación de los derechos mineros. En esa carta, los socialistas del municipio defienden que es "hora de dar un paso más y levantar la suspensión del procedimiento de adjudicación, puesto que los acontecimientos vienen dando la razón a la Junta y desmontando el circo mediático que tanto ha perjudicado a los aznalcolleros y aznalcolleras". "Aznalcóllar necesita que dé comienzo la actividad minera para paliar la situación en la que se encuentran muchos vecinos y vecinas", ha insistido el portavoz socialista en el Ayuntamiento.
OTRA VEZ LA MINA DE AZNALCÓLLAR
La causa, como es sabido, deriva de la impugnación de la resolución del concurso internacional promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada después del conocido desastre medioambiental de 1998. Al citado concurso concurrieron la agrupación empresarial México Minorbis, participada por la andaluza Magtel, y Emerita-Forbes Manhattan, siendo adjudicados los derechos de explotación al grupo México Minorbis.
Tras ser resuelto el concurso, Emerita-Forbes Manhattan elevó a los juzgados una denuncia acusando a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude. Emerita, entre otros aspectos, señala que su oferta de inversión fue de 641,5 millones de euros frente a los 304,6 millones de euros ofrecidos por Minorbis.
Merced a dicha denuncia, la juez Patricia Fernández Franco apreciaba "graves irregularidades" en el proceso de adjudicación y ordenaba tomar declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asencio Coto, dado que la Administración andaluza no se habría atenido "al más mínimo rigor" a la hora de adjudicar los derechos de explotación de la mina, interesándose además la juez por el motivo por el cual el grupo empresarial adjudicatario de los derechos no fue "descalificado" del concurso internacional al "fallar en el cumplimiento de los requerimientos básicos medioambientales".
El Gobierno andaluz, de su lado, esgrime un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía que defiende que el procedimiento de adjudicación "se ha ajustado a derecho", estando regido por la legislación minera y la Ley de Contratos Públicos. El informe, entre otros aspectos, expone el "cumplimiento de los trámites" obligados para un concurso de esta naturaleza, toda vez que un informe paralelo de los servicios jurídicos de la Junta avala también la adjudicación.
LA SUSPENSIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
No obstante, el Gobierno andaluz decidió suspender la adjudicación de los derechos de explotación de la mina a la espera de que se esclareciese el asunto y, a tal efecto, la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la administración andaluza suspendió de modo "eventual" la mencionada adjudicación, precisamente por la causa judicial en curso.
Hasta el momento, la juez ha imputado en la causa por un presunto delito de prevaricación a siete personas, en concreto a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio Coto, cesada por tal motivo; la letrada de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta; el interventor delegado en la Consejería de Hacienda y Administración Pública José Marcos; Julio Ramos Zavala, miembro de la mesa de contratación en representación de la Consejería de Hacienda; Alberto Fernández Bueno, miembro de la comisión técnica en calidad de jefe de área de Minas; Juan José García Bartolomé, miembro de la comisión técnica y gerente de Inversiones en Invercaria; y Pilar Orche, funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Minas de la Junta y asesora técnica de Ordenación Minera.
