PSOE buscará conciliar en un único documento las propuestas de todos los partidos sobre la nueva Ley de Régimen Local

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha expresado su intención de conciliar en un único documento las propuestas presentadas por las tres fuerzas políticas en el Parlamento en el marco del grupo de trabajo sobre la futura Ley de Régimen Local de Andalucía, que reanudará sus reuniones en septiembre.

Este grupo de trabajo desarrolló esta semana su última reunión de este periodo de sesiones, en la que tanto PSOE como IU y PP presentaron un conjunto de propuestas, tras las pertinentes comparecencias, para que se avance en la elaboración de lo que será el dictamen de la Comisión de Gobernación sobre la nueva norma y en el que se empezará a trabajar a partir del día 1 de septiembre, fecha fijada para la reanudación de las sesiones del grupo de trabajo.

El portavoz socialista de la Comisión de Gobernación, Fernando Martínez, explicó en una nota remitida a Europa Press que su grupo, como mayoritario de la Cámara, se ha comprometido a realizar la tarea de unificación de las resoluciones de todos los grupos parlamentarios.

"El objetivo es lograr el mejor contenido posible que sirva para cimentar el futuro proyecto de Ley de Régimen Local, algo en lo que debemos remar todos en la misma dirección para que los ayuntamientos consigan el peso que les corresponde y se reconozca su labor de atención al ciudadano como institución más cercana", dijo.

En este sentido, Martínez señaló que espera que se componga el mejor dictamen posible en la comisión y que se cumplan los plazos previstos para que, en este año 2009, el proyecto de Ley de Régimen Local entre en el Parlamento de Andalucía para su tramitación y futura aprobación como Ley.

Por su parte, IULV-CA dio a conocer hoy parte de sus propuestas en el grupo de trabajo, como que la futura Ley de Régimen Local recoja el pago "de la deuda histórica municipal" que la Junta mantiene con los ayuntamientos.

En el documento de IU-CA se recogen también como principales objetivos el aumento de la financiación de los ayuntamientos hasta un 33% de los recursos generales del Estado; un marco competencial claramente establecido con las respectivas transferencias; el pago por parte de la Junta de la deuda histórica municipal; una apuesta por la participación ciudadana; la normalización y homogenización de las retribuciones de los cargos públicos, y que el acceso a la función pública en la administración se haga en base al mérito y la capacidad.