PSOE-A insta al PP-A a ir al TC si cree vulnerados los derechos de sus diputados por la remisión del expediente de Matsa

SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista, Manuel Gracia, instó hoy al PP-A a que acuda al Tribunal Constitucional (TC) si considera que se ha producido una vulneración de derechos y prerrogativas de diputados del PP, recogidos en el artículo 7 del Reglamento de la Cámara andaluza, en relación con la remisión de documentación solicitada por el Grupo Popular sobre el expediente de concesión de incentivos a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), en la que trabaja la hija del ex presidente andaluz Manuel Chaves.

Durante la celebración de una Junta de Portavoces extraordinaria, solicitada por el PP-A, Gracia aseguró que "en ningún momento" se han vulnerado los derechos de los parlamentarios y que lo que el PP-A busca con la celebración "absurda" de esta reunión, después de que se haya registrado el expediente completo en la Cámara andaluza, es un "altavoz" y "calentar motores" para el debate sobre la petición de comisión de investigación de este caso, que se celebrará mañana en la sesión plenaria.

El portavoz del Grupo Socialista, que dijo entender que el PP-A pueda criticar el retraso con el que se ha enviado el expediente, dijo que otra cosa "muy distinta" es acusar al Gobierno andaluz de que haber vulnerado los derechos de los diputados. "El PP-A sólo busca sembrar dudas sobre el Gobierno andaluz", agregó.

Gracia, que consideró que el PP-A hace un uso "torticero" de la Cámara andaluza, negó la vulneración de derechos recogidos en el artículo 7 del Reglamento de la Cámara, explicando que el citado texto indica que "si el volumen de la documentación dificultase la remisión de copia de la misma, el órgano administrativo competente facilitará el acceso del diputado a la documentación para que tome las notas que considere oportunas".

Además, incidió en que también se recoge en dicho artículo que "en el supuesto de que se soliciten datos, informes o documentos que consten en fuentes accesibles al público de carácter oficial, la Administración podrá limitarse a la indicación precisa del lugar en el se encuentren disponibles, siempre que sean susceptibles de reproducción".

En esta línea, el portavoz del Grupo Socialista insistió en que los diputados populares han tenido acceso hasta en dos ocasiones al citado expediente, --los días 12 de mayo y 15 de junio--, en las instalaciones administrativas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), añadiendo que, posteriormente, el Gobierno andaluz ha remitido una copia del expediente al Parlamento.

En su turno de palabra, la portavoz del Grupo Popular, Esperanza Oña, justificó su petición de una Junta de Portavoces extraordinaria en el hecho de pedir amparo a la Presidencia del Parlamento para que no se vuelva a repetir una "vulneración" de derechos de diputados del PP-A, como la que, según dijo, se ha producido "claramente", después de que su formación haya tenido que esperar más de cinco meses para obtener una copia del expediente de la subvención otorgada a Matsa.

"¿De qué sirven las normas si no se cumplen? ¿Para qué tenemos derechos los diputados si no respetan? ¿Por qué se considera importante el control al Ejecutivo si luego no se permite?", se preguntó Oña, quien aseguró que su formación ha vivido un "calvario parlamentario" de cinco meses para obtener un expediente "que ni siquiera hoy sabemos si es lo que hemos pedido".

En concreto, la portavoz del PP-A afirmó que existe una diferencia entre el número de folios que el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, aseguró que tenía el expediente, los que dijo el letrado mayor y los finalmente recibidos. En concreto, apuntó que el consejero dijo que eran 500, el letrado mayor 366 y que los recibidos son 358.

"ACUSACIÓN VELADA" DE DELITO

Ante esta acusación "velada", a juicio de Gracia, éste respondió, con cierto tono de enfado, que el PP-A está acusando al Gobierno andaluz de cometer un delito en la manipulación de un expediente. "No deberían insinuarlo sino llevarlo a los tribunales, porque de no ser así, mucho me temo de que los que podrán ser llevados a los tribunales son ustedes", agregó.

Asimismo, Oña criticó también que el Gobierno andaluz sólo haya permitido el acceso al expediente de la subvención a los medios de comunicación "afines", al tiempo que insistió en que su formación no entiende que el "temor" que la Junta ha demostrado para mostrar el documento requerido. "Si se trata de taparlo, se generan más sospechas", apostilló.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario de IULV-CA, Diego Valderas, consideró que la Presidencia del Parlamento no puede permitir que se vulnere o que no aplique con "claridad" el artículo 7 del Reglamento, por lo que le instó a emitir algún tipo de resolución o dictamen si fuera necesario.

En esta línea, se mostró en desacuerdo con que el citado artículo no se aplique "exactamente" y con que no se remita "en tiempo y forma" la documentación solicitada por un diputado. "Pediría que se aclarase esta cuestión y que el Gobierno no entorpezca de manera torticera este artículo", concluyó.

Por último, la portavoz del Gobierno andaluz en la Junta de Portavoces, Elia Maldonado, negó que se hayan vulnerado los derechos de los diputados del PP-A y consideró que el PP-A pretende "levantar dudas" sobre algo que "no lo tiene". Además, aseguró que le parece "poco ético" que Oña realice "insinuaciones inciertas".