SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PSOE-A defenderá una proposición no de ley en el Parlamento andaluz en la que reclama que el Gobierno central garantice los recursos económicos suficientes para que el derecho a la asistencia jurídica gratuita por parte de la comunidad sea efectivo.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, se insta a la Junta a continuar con la aplicación del calendario de pagos aprobado y consensuado con el Consejo Andaluz de Abogados en los términos que solicitaron desde el mes de abril de 2015, que ha permitido que Andalucía esté al corriente en el pago de los honorarios por primera vez en la historia.
Asimismo, se le pide que una vez el Estado transfiera a las comunidades autónomas la recaudación obtenida por tasas judiciales, en cumplimiento de la resolución aprobada por el Parlamento de Andalucía, se revisen los módulos y bases de compensación económica por los servicios de asistencia jurídica gratuita en el turno de oficio y en el turno de guardia.
Otra demanda a la Junta consiste en llevar a cabo la total aplicación del sistema de gestión de los pagos y reconocimiento del derecho a través de un sistema transparente y de calidad, y que se proporcione una formación especializada, permanente y de calidad a los abogados del turno de oficio y de la justicia gratuita, porque eso beneficiará al conjunto de los ciudadanos.
En la iniciativa, el PSOE explica que Andalucía es una de las comunidades con mayor inversión en justicia gratuita y solo en 2014 se destinaron 66 millones a su financiación.
Recuerda que el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que modifica la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, para plantear el aumento del número de beneficiarios debido al incremento de los umbrales económicos de acceso, así como la extensión de la cobertura de justicia gratuita a nuevos grupos de personas sin ninguna consideración respecto al incremento en la financiación que debería llevar aparejada.
Según los socialistas, para que el derecho a la justicia gratuita sea efectivo, la Administración central debe poner los recursos financieros necesarios a las comunidades autónomas, que son quienes tienen la competencia sobre la prestación del servicio.
En otro caso, según añade, las comunidades autónomas que deben prestar ese servicio de justicia gratuita se van a encontrar con que no tienen los medios financieros suficientes para poder dar respuesta positiva a esa ampliación que la Ley va a efectuar.
Ha recordado que el propio CGPJ, en su informe al anteproyecto de ley, ya avisó de la imprecisión sobre las disponibilidades presupuestarias, y mantiene que esto puede comportar una mayor asfixia económica para las comunidades que tienen que satisfacerla, así como para los profesionales que con dedicación prestan tan relevante servicio.
