Archivo - Imagen de archivo de las instalaciones portuarias en Sevilla. - AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA - Archivo
SEVILLA 16 May. (EUROPA PRESS) -
La Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha manifestado este martes que "comparte" el escrito de "apoyo" remitido por parte del Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto y la Federación Española de Prácticos en el que "desaprueban, en su totalidad, las actuaciones llevadas a cabo por algunos prácticos" de la Corporación de Sevilla, "con el fin de querer forzar y hacer valer sus reivindicaciones en cuanto a negociar un nuevo pliego de prescripciones particulares del Servicio Portuario de Practicaje y el otorgamiento de la licencia correspondiente".
Asimismo, en un comunicado remitido a los medios, la Autoridad Portuaria ha reiterado a la Corporación de Prácticos del Puerto de Sevilla y de la Ría del Guadalquivir la "necesidad de restablecimiento en su totalidad" del servicio de practicaje debido al "impacto" que está ocasionando al tejido empresarial y a la actividad portuaria.
La institución portuaria ha "desaprobado la actitud obstaculizadora" de parte de la Corporación ante los prácticos que "sí han decido mantener la prestación de dicho servicio". Esta actitud "contradice el posicionamiento" trasladado por la Corporación de "ofrecimiento" de todos sus medios humanos y materiales para que el servicio de practicaje pueda seguir prestándose.
Además, la APS ha recordado la "coordinación que en todo momento" mantiene el organismo con Puertos del Estado, Dirección General de la Marina Mercante, Capitanía Marítima y Delegación del Gobierno en Andalucía. Los prácticos del Puerto de Sevilla emitían este pasado lunes 14 de mayo un comunicado en el que acusaban a la APS de rechazar "rotundamente" una reunión en la que abordar una "solución" a la suspensión del servicio como consecuencia, según su versión, de la última "prórroga" del servicio aprobada por el Puerto del servicio.
Pese a las alegaciones formuladas por la Corporación de Prácticos del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir SLP, así como por el Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto, la Autoridad Portuaria de Sevilla "aprobó un nuevo pliego para la prestación del servicio de practicaje en el Puerto de Sevilla", según trasladaba el colectivo en el mencionado comunicado. El pasado 12 de febrero, la Autoridad Portuaria de Sevilla acordó una nueva prórroga, "unilateral y sin contar" con la Corporación de Prácticos del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir SLP, hasta el 14 de mayo.
En base al pliego reseñado en el BOE número 46, del pasado 23 de febrero, se publicó el anuncio de licitación para una nueva licencia. Al no presentarse ninguna oferta, el 20 de abril, el concurso quedó desierto. El pasado viernes 12 de mayo, la Autoridad Portuaria de Sevilla acordaba una nueva prórroga, "unilateral y sin contar" con la Corporación de Prácticos del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir SLP, con una duración de dos años.
El mismo viernes 12 de mayo, la Corporación de Prácticos del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir SLP manifestaba su "rechazo expreso a la prórroga última aprobada". La Corporación de Prácticos del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir SLP ha reiterado que cualquier prórroga ha de adecuarse a derecho, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo en su sentencia 487/2022.
La Corporación de Prácticos del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir SLP ha asegurado que "en todo momento" ha ofrecido todos sus medios humanos y materiales para que el servicio de practicaje "pueda seguir prestándose bajo la responsabilidad directa de la Autoridad Portuaria de Sevilla".
Por su parte, la Autoridad Portuaria de Sevilla ha confirmado un expediente sancionador a la Corporación de Prácticos y de la Ría del Guadalquivir por "infracción grave" y la presentación de una denuncia ante la Fiscalía. "Este colectivo ha decidido no prestar el servicio como medida de presión ante la exigencia de una subida salarial del 40%", ha explicado la APS en un comunicado en el que advierte de que "la posible sanción asciende a tres millones".
El procedimiento incluye una indemnización por los daños y perjuicios "ocasionados y causados" por la paralización de la actividad. Este pasado domingo, la APS requería formalmente a la Corporación de Prácticos la "continuación de la prestación del servicio que está sujeto a obligaciones de servicio público, solicitud que ha sido desoída por el colectivo".