SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) considera "un auténtico chantaje" por parte de la Junta que ésta "vincule lo ocurrido el otro día, cuando el Parlamento ha rechazado convalidar del decreto ley que el Gobierno remitió a la Cámara por el que se reconoce a los funcionarios de la administración autonómica los servicios previos como personal interino para computar la antigüedad en los concursos de traslado y promoción interna, con un retraso en la oferta de empleo público".
Fuentes del SAF han indicado a Europa Press que la oferta de empleo público anunciada por la Junta, cifrada en unas 500 plazas de Administración General de la Junta y que tenia que haberse publicado en BOJA el pasado mes de julio, "son oposiciones libres, por lo que no se tiene que aplicar ninguna directiva, son oposiciones libres".
"No sabemos por qué se mezclan esas dos cosas, es un auténtico chantaje por parte de la Junta y ese no es el camino, el camino debe ser sentarse, hablar y negociar, no imponer", han añadido fuentes del SAF, quienes critican el "chantaje continuo" del Gobierno andaluz, el cual "dice que si la gente no le apoya, no hay concurso; eso es chirriante en un Estado de Derecho".
Asimismo, han recordado que "hay una norma que obliga a la Junta a sacar concurso al menos cada seis meses y eso está vigente y no lo modifica nadie, pero la Junta lleva desde 2002 saltándoselo a la torera".
Por ello, el SAF ha solicitado que "se convoque el concurso de méritos de forma inmediata", para lo cual ha presentado un escrito pidiendo esa convocatoria "inmediata", que supondría "aplicar la legalidad", recordando que "es en el Parlamento andaluz donde reside la voluntad popular".
VALORACIÓN DE ISA
Por su parte, fuentes de la Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) han indicado a Europa Press que esta decisión "es consecuencia directa de la derogación del Decreto Ley por mayoría parlamentaria" y han apuntado que "estaba muy claro que se paralizaria todo y que esta norma era fundamental para solucionar la situación de estancamiento de la promoción y acceso de los puestos de trabajo de la Junta de Andalucía".
Fuentes de ISA se han preguntado "si los parlamentarios andaluces son conscientes del daño que han causado, anteponiendo sus intereses electoralistas al de los ciudadanos, perjudicado no solo a 23.000 funcionarios sino a los opositores".