Salud prepara un decreto que mejorará el acceso al registro de voluntades vitales anticipadas en la comunidad

SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería andaluza de Salud está preparando un decreto con el que pretende mejorar el acceso al registro de voluntades vitales anticipadas en la comunidad, según ha informado este viernes el departamento que dirige María Jesús Montero, en el marco de una jornada sobre 'Derechos en conflicto: aborto, eutanasia y objeción de conciencia', que se está celebrando en Sevilla.

El objetivo de este decreto, que forma parte del desarrollo normativo de la Ley andaluza de Muerte Digna, es mejorar el acceso de los profesionales al testamento vital del paciente gracias a la inclusión del mismo en la historia digital y ampliar el número de puntos en los que los ciudadanos pueden inscribir su voluntad vital anticipada en el registro. Actualmente, este servicio se realiza en las ocho Delegaciones Provinciales de Salud.

Según el balance del SAS, un total de 19.344 andaluces han inscrito su voluntad vital anticipada en el registro, vigente desde 2004, y que junto a la garantía de tiempos máximos de espera, la segunda opinión médica y el diagnóstico genético preimplantatorio, entre otros, forma parte del grupo de los llamados derechos de tercera generación garantizados en la comunidad.

En cuanto a este encuentro sobre 'Derechos en conflicto: aborto, eutanasia y objeción de conciencia', de carácter estatal, está reuniendo a profesionales sanitarios, juristas y expertos en bioética para debatir sobre estas cuestiones.

La jornada de trabajo está organizada por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, la Asociación Derecho a Morir Dignamente, la Asociación para la Defensa del Hospital Severo Ochoa, la asociación Jueces para la Democracia, el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Carlos III.

Según los datos extraídos de la encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (2009), el 74,3 por ciento de las personas encuestadas antepondrían la decisión del paciente sobre la del médico a la hora de administrar un tratamiento, y el 80,9 por ciento considera que todas las personas deben tener acceso a la asistencia sanitaria necesaria para tener una muerte sin dolor ni sufrimiento.