SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha afirmado este miércoles que la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana que han entrado en vigor "refuerzan los derechos y las libertades de los ciudadanos", a través de un nuevo marco normativo que "respeta la Constitución y se adapta a la realidad de la sociedad actual".
Sanz ha asegurado en un comunicado de prensa que la reforma del Código Penal "nace con voluntad de perdurar en el tiempo, se adecua a las demandas de la sociedad actual y supone la actualización de casi 250 artículos, por lo que se trata de la reforma de mayor calado desde el año 1995". Además, según ha explicado, "se ha elaborado teniendo en cuenta a los operadores jurídicos y los colectivos interesados".
Entre las novedades más destacadas, el nuevo Código Penal introduce la prisión permanente revisable para los delitos más graves, una medida que, según ha recordado el delegado del Gobierno, "apoya el 75 por ciento de los ciudadanos" y está avalada por el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado.
Por otra parte, se agravan las penas para hurtos habituales y para delitos patrimoniales cometidos en explotaciones ganaderas o agrícolas, con penas de prisión de uno a tres años para el hurto y prisión de dos a cinco en el robo con fuerza, "lo que dará mayor seguridad jurídica" a agricultores y ganaderos.
Junto a ello, la reforma introduce medidas de lucha contra la corrupción, como el aumento de las penas para delitos como la prevaricación, que podrá castigarse con una inhabilitación de hasta 15 años. Los condenados por delitos de sustracción de fondos públicos no podrán acceder a la libertad condicional sin la correspondiente reparación económica.
LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA
El delegado ha defendido, también, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que "mejora el marco legislativo anterior y tiene en cuenta la experiencia policial acumulada y las nuevas circunstancias que afectan a la seguridad ciudadana".
Además, ha explicado que la Ley "no restringe el ejercicio de ningún derecho ni modifica en modo alguno" la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión (Ley Orgánica 9/1983). En este sentido, ha afirmado que la Ley "protege expresamente el ejercicio del derecho a manifestarse y obliga a las autoridades competentes a adoptar las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de estos derechos fundamentales".
El delegado del Gobierno ha señalado que, para la elaboración de esta Ley, "se ha tenido una especial sensibilidad a la hora de escuchar y recoger los consejos y recomendaciones con el objetivo de hacer de ella el marco que regule la convivencia de todos". Así, se han atendido las recomendaciones de los distintos órganos consultivos, CGPJ, Consejo Fiscal, Agencia Española de Protección y de datos y Consejo de Estado, o de asociaciones como Greenpeace o Amnistía Internacional.
Para Sanz, la seguridad "constituye un requisito indispensable para el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos", subrayando que la nueva Ley "da respuesta a las solicitudes que ciudadanos y colectivos sociales han planteado desde hace años sobre cuestiones que afectan a la vida cotidiana de muchas familias y, en general, a la pacífica convivencia en libertad, con el máximo respeto a la pluralidad, frente a actitudes incívicas, violentas, coactivas".
