Sevilla.-Camas.-(Ampliación)El fiscal pide un año y medio de cárcel y una multa de 24.000 euros para los cinco imputados

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado un año y medio de prisión para el alcalde de Camas (Sevilla), Agustín Pavón (IU), los concejales cameros José del Castillo y Antonio Enrique Fraile, el edil de Castilleja de Guzmán Aureliano Lucas y el empresario Eusebio Gaviño, además de una multa de 24.000 euros y el mismo período de inhabilitación especial para cargo público por un presunto delito de cohecho.

En su escrito de acusación provisional, el fiscal considera que los cinco imputados participaron en un presunto intento de soborno a la ex concejal de IU Carmen Lobo, quien denunció los hechos, con 12.000 euros para que votara a favor de determinados puntos del Pleno del Ayuntamiento celebrado el 13 de septiembre de 2005, según informó la Fiscalía en un comunicado remitido a Europa Press.

El ministerio público explica en su escrito que el Consistorio en el año 2005 y en los anteriores, "como consecuencia de una serie de vicisitudes políticas" al estar el Equipo de Gobierno en minoría, se encontraba en "una situación de práctica paralización al ser imposible adoptar medida alguna que precisara la aprobación del pleno".

Por este motivo, los acusados "decidieron poner fin a la situación del bloqueo" y con el fin de lograrlo ofrecieron "un beneficio económico" a Lobo para que volviese al Equipo de Gobierno al que había pertenecido anteriormente y cuya salida lo dejó en minoría.

Así, los procesados mantuvieron varias reuniones con el ex militante de IU Francisco Gordo, "debía a la influencia política que los acusados consideraban que mantenía" con la edil, supuestamente abordaron el premio económico que obtendría, "no determinado y cambiante según los proyectos llevados al pleno para su aprobación", si Lobo votaba favorablemente a la aprobación.

El fiscal estima que desde comenzaron las reuniones Gordo puso en conocimiento de Lobo las mismas y "decidieron ambos que fingirían acceder a sus pretensiones para comprobar hasta donde estaban dispuestos a llegar". De este modo, tras varias reuniones más, Gaviño presuntamente se citó con la ex edil, de la que informó a la Policía Judicial, la noche del 12 de septiembre de 2005 para hacerle entrega de 12.000 euros "a cambio de votar favorablemente en unos determinados puntos del Pleno" que se celebraba al día siguiente.

No obstante, según el Ministerio Fiscal, Lobo "en el pleno del 13 de septiembre votó en contra de todos los puntos para cuyo voto favorable había recibido los 12.000 euros".

Para el fiscal los hechos, que serán juzgados ante un jurado popular, son constitutivos de un presunto delito de cohecho, por el que reclama para cada uno de los cinco acusados penas de un año y seis meses de prisión, igual de inhabilitación especial para cargo público y multa de 24.000 euros --el doble que la cifra del presunto soborno-- con responsabilidad personal subsidiaria de un mes en caso de impago para cada uno de los acusados.

Por su parte la acusación particular, ejercida por Lobo y Gordo, ha solicitado para los cinco imputados una pena de dos años de prisión por un presunto delito de cohecho, cinco de inhabilitación para ejercer cargo público y una multa que triplica la cantidad entregada a Lobo en el presunto intento de soborno, es decir 36.000 euros, según explicó a Europa Press la letrada de la acusación, Carmen Julia García.

MÁS DE UN AÑO DE INSTRUCCIÓN

Por otro lado, la Audiencia Provincial de Sevilla aún tiene por resolver los recursos presentados contra el auto de incoación del procedimiento del jurado y el de continuidad del mismo que fueron presentados por las defensas de los acusados al entender que las imputaciones del fiscal no se concretaban, sino que se realizaban de forma general.

Además, también tiene que resolver el recurso presentado contra el auto que denegaba como prueba un careo entre el ex alcalde de Camas y actual delegado de Empleo, Antonio Rivas, y la ex edil camera, Inmaculada Larrinaga, que solicitaron las defensas de los imputados ante declaración de ésta última en la que aseguraba que el presunto soborno denunciado fue una "trama trampa" de Rivas; y otro solicitando la inadmisión de las escuchas telefónicas --en las que se grabó a los imputados hablando del presunto soborno--, que junto con el testimonio de Lobo son las principales pruebas.

De este modo, además del trámite de los recursos citados y tras más de un año y seis meses de instrucción, sólo queda por conocer la calificación de la acusación popular ejercida por el PSOE y los escritos de las defensas de los cinco imputados, tras lo que quedará pendiente el señalamiento del juicio.

La investigación del caso sufrió varios parones motivados, entre otras causas, por el hecho de que Eusebio Gaviño se mostró incapacitado para prestar declaración en varias ocasiones alegando problemas de salud. Además del cambio de abogado de la ex edil Inmaculada Larrinaga, que se sumó a las acusaciones pero acabó retractándose de todo lo denunciado hasta entonces y luego implicaba a Rivas.

Asimismo, hubo también varios cambios en la titularidad del Juzgado de Instrucción número 2, que se hizo cargo de las diligencias, a raíz del traslado del juez que inicialmente se hizo cargo del caso Camas, Luis Gonzaga del Oro, a la Audiencia Provincial de Sevilla.

Ante su traslado se nombró a una juez sustituta hasta que la plaza fue ocupada definitivamente por el magistrado Carlos Mahón, quien tras estudiar el sumario repitió la ronda de declaraciones al ser el tercer magistrado que lleva el caso y dadas las "dudas" que le surgieron al estudiar el sumario.

Posteriormente, Mahón fue recusado por Pavón al entender éste que carecía de imparcialidad al filtrar supuestamente a los medios de comunicación el auto de incoación del jurado, por lo que se hizo cargo del caso, hasta que la Audiencia desestimó la recusación, la juez de Vigilancia Penitenciaria, Carmen Ruiz Mesa.