Sevilla desliza el agravio en infraestructuras frente a Cataluña e insiste en el "cese fulminante" de Puente

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha reclamado de nuevo el "cese fulminante" del ministro de Transportes, Óscar Puente, como "absoluto responsable de lo que está ocurriendo en el puente del Centenario y en el resto de infraestructuras de la ciudad", al tiempo que ha criticado el agravio con la capital andaluza en esta materia respecto a otros territorios, en clara alusión a Cataluña, sin citar expresamente esta comunidad.

Así lo ha expresado el portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, en respuesta a una pregunta formulada este viernes por el grupo municipal de Vox en la Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno relativa a la suspensión de las obras del puente del Centenario.

"Llama la atención que esperen los resultados de las elecciones para firmar acuerdos, como ocurrió este lunes, con otros territorios de España --en referencia al que presentaron el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que incluye el compromiso de un tren orbital, para conectar las comarcas del ámbito metropolitano--. Nos alegramos de que se le solucionen problemas a otras comunidades; mientras eso sucede, con nosotros ni se habla ni se nos recibe", ha abundado Bueno.

Para ello, el también delegado municipal de Hacienda ha esgrimido, "no solo la paralización de las obras del 'puente de las mordidas', sino el retraso en la ronda de circunvalación SE-40 o la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla". "El Centenario es un nudo gordiano importante en la movilidad de la ciudad y una vía de alta comunicación con el resto de provincias andaluzas".

De su lado, la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, ha remarcado el retraso en las obras de dicho puente --consistentes en la sutitución de los tirantes y la ampliación del tablero para tener un carril adicional--, "que deberían haber estado terminadas a finales de 2023". "Sin embargo, nos encontramos con problemas técnicos, sobrecostes, ya se superan los 120 millones cuando el presupuesto era de 86, y conflictos contractuales, sin olvidar que ha quedado bajo la sombra de la corrupción, con indicios de comisiones ilegales".

En este sentido, y en cuanto a la paralización de estos trabajos, el Gobierno de España ya dejó claro que exigirá que las obras continúen "hasta que se garantice la seguridad". El Ministerio remarcó a comienzos de este mes que no ha abandonado los trabajos ni ha pedido resolver el contrato sino que la UTE adjudicataria fue quien manifestó su disconformidad y solicitó la resolución unilateral de la ejecución de los mismos".