Sevilla.- La Junta afirma que el acuerdo sobre los menores del Polígono Norte "es fruto del diálogo" con la familia

Actualizado 02/02/2006 21:38:10 CET

SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada provincial para la Igualdad y el Bienestar Social en Sevilla, María José Castro, afirmó hoy que la entrega a la Junta de Andalucía de la guarda de los tres menores del Polígono Norte dados a la fuga desde hace más de un año es "fruto del diálogo" con los familiares de los niños, con lo que recalcó su compromiso con la "reinserción" de estos menores en su entorno familiar.

En declaraciones a Europa Press, María José Castro señaló que este acuerdo es el resultado de un trabajo del Servicio de Protección de Menores, cuyo "máximo interés" es la protección del niño y el acompañamiento de las familias. Según dijo, esta resolución es "fruto del diálogo con la familia", por lo que opinó que mediante la obtención de la guarda los niños llevarán "una vida normalizada mientras seguimos trabajando con su entorno familiar".

Todo ello, según dijo, para conseguir "mejorar las circunstancias que dieron lugar al desamparo y finalmente llevar a cabo la reinserción de los niños en este entorno familiar".

Los menores, de 11, 12 y 16 años, no habían sido localizados por la Junta desde que el mayor de ellos se fugara del centro de menores de la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe. A esta fuga le siguieron las de los dos hermanos que le seguían en edad, después de que el 30 de diciembre de 2004 la Policía cortara los accesos de la calle y se llevara a tres de los niños residentes en el domicilio, mientras que un cuarto fue trasladado con posterioridad, mientras se encontraba en el instituto.

Los cuatro niños que fueron retirados de su domicilio son hijos de Manuela M.L. En el verano de 2003 la Administración regional decretó la retirada de la tutela de los cuatro hijos de la hermana, Francisca M.L., y de sus sobrinos, que se encontraban a su cuidado cuando su hermana Manuela M.L. estaba en prisión por un delito de drogas.

Esta mantuvo escondidos a los niños en casas de personas cercanas a la familia para que la administración no los internara en centros hasta que la Junta dictó una suspensión "provisionalísima" de la ejecución de la retirada los menores.

EL MURO DEL "PRINCIPIO DE AUTORIDAD"

En declaraciones a Europa Press, el abogado José Antonio Bosch, portavoz jurídico de la Asociación Pro Derechos Humanos de los Menores de Andalucía y que ha llevado el caso desde sus comienzos, confirmó que la decisión, tomada de común acuerdo por las partes afectadas --la familia y el ente autonómico-- obedece a diversas reuniones mantenidas desde el mes de enero de 2005 destinadas a "encontrar una vía de solución para cada niño", descartando una decisión global que afectara a todos por igual, dada la disparidad de edades.

Bosch criticó que en todo momento "hemos chocado contra un muro", el "principio de autoridad de la Junta", según el cual "todo les parecía estupendo, pero no empezaban a hablar si no era a partir de que los niños fueran encerrados".

Por ello, el letrado manifestó que "mientras nos encontrábamos discutiendo sobre si galgos o podencos, los principales perjudicados eran los menores, que se encontraban sin atender y sin escolarizar". La Asociación, entonces, ofreció un "paso para desbloquear la situación", consistente en que los dos menores más jóvenes fueran trasladados a un centro de menores de Carmona (Sevilla) donde permanece otra de las menores --la niña de 11 años ya lo hizo en el día de ayer--, mientras que el de 12 años lo hará con posterioridad en el mismo centro que sus hermanas, "para no romper vínculos".

Para los internos se establecerá un régimen de salidas, consistente en que las menores podrán visitar el hogar paterno durante determinados períodos de tiempo. Asimismo, el mayor de todos, de 16 años, entrará en un centro de formación profesional, y la madre, Manuel M.L., hará lo propio en un centro de desintoxicación para su adicción a las drogas. "Trabajamos en la línea de que toda la familia pueda finalmente reunirse", dijo Bosch.

El caso tuvo una gran repercusión social, hasta el punto de que se produjeron manifestaciones de vecinos de la zona, que cortaron el tráfico en la carretera SE-30 en señal de protesta por la retirada. El padre de los niños, el vendedor ambulante Manuel Amaya, solicitó a la Junta en diversas ocasiones que fuera "humana" y criticó que los avances de su situación tuvieran que hacerse "a golpe de prensa".