SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla llevará al próximo Pleno municipal, que tendrá lugar el día 15, una propuesta de acuerdo sobre la regulación del acceso a la información por parte de los ediles de la oposición antes de "judicializar" el caso.
En rueda de prensa, el concejal del PP Francisco Pérez explicó que la conocida como "circular número uno", emitida por el edil de Relaciones Institucionales, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), está "vulnerando los derechos de los concejales reconocidos en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento (ROA) desde 1994".
Así, concretó que se propondrá al Pleno que "en uso y aplicación del derecho que, como portavoz del Grupo Municipal tiene reconocido el portavoz del PP", según el artículo 30.2 del citado reglamento, "se le facilite, en tiempo y forma, los órdenes del día de las Juntas de Gobierno que se celebren".
Del mismo modo, solicitarán que se apliquen también los artículos 24.1, 29.1, 31 y 83.3 del ROA, según los cuales "los asuntos que se comprendan en el orden del día de las Juntas de Gobierno que hayan de ser sometidos a debate en la sesión correspondiente, se encuentre en el Negociado de Actas a disposición permanente de los citados miembros de la Corporación para su examen y comprobación con la antelación de tres días que preceptúa el artículo 83.3".
Además, insiste en el cumplimiento del reglamento en cuanto a que "el examen de los expedientes y documentos que hayan de ser sometidos a debate en cada sesión de Junta de Gobierno, se haga efectivo para los concejales del PP en el Negociado de Actas en horario normalizado de atención a los miembros de la Corporación, sin limitación ni imposición del tiempo de vista de los expedientes y previo consenso, de ser necesario, con los concejales".
En el mismo sentido se manifiesta la moción con respecto a la obtención de copia de los expedientes, ya que alegan que según el artículo 31.4 del ROA "los concejales pueden obtener copia de los mismos tras la firma del correspondiente recibo".
"Me parece increíble que tengamos que llevar una moción al Pleno para que se respeten nuestros derechos como concejales", lamentó Pérez, quien afirmó que "la circular de un miembro del equipo de gobierno no puede anular el reglamento, la normal que regula el funcionamiento del Ayuntamiento desde 1994".
En este sentido, explicó que el objetivo del PP es que "cada uno de los miembros del gobierno se moje, que no puedan decir después que no se les avisó de a lo que se atenían" y apuntó que si rechazan la moción "habrán dejado claro que siguen hacia delante a sabiendas de la ilegalidad".
No obstante, aclaró que "no se debe judicializar la política", por lo que confió en que la propuesta popular cuente con el apoyo del gobierno, aunque no descartó en caso contrario la adopción de otras medidas de carácter judicial.
"Es su última oportunidad para cortar un ataque directo, después nadie podrá decir que no se le advirtió", sentenció el concejal del PP, quien argumentó que mediante al acceso a los citados expedientes se revelaron asuntos tales como "las facturas falsas o la fracturación de las contrataciones para contratar a dedo", por lo que consideró que la estrategia del gobierno socialista es "quitar a los testigos para que no hay escándalos, en lugar de corregir las irregularidades".
En esta línea, insistió en que "la mejor forma de evitar casos así es no cometiendo irregularidades" y añadió que "no son los mismos que en el anterior mandato, son peores, porque son los mismos pero sin testigos".