SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los solicitantes de viviendas de protección oficial (VPO) que hasta ahora han participado en sorteos establecidos para la consecución de una de estas viviendas formarán parte del Registro Municipal del Demandante de Vivienda Protegida, el cual será aplicado a partir del 1 de enero del próximo año, correspondiéndose con un modelo "más justo".
En rueda de prensa, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, presentó el "complejo" pero "enormemente ambicioso" sistema, cuyas cualidades principales a destacar son la prioridad en la obtención de una VPO por la antigüedad de inscripción en el registro, elemento éste "capital" que elimina "injusticia" porque, antes, aquellos que habían solicitado vivienda en otras ocasiones no tenían prevalencia.
El registro, aprobado en los próximos días, será a nivel local; los demandantes de VPO introducirán sus datos personales y fiscales, así como el tipo de vivienda que requieren en la base de datos dedicada a este fin en el Ayuntamiento de su localidad y en tantos como lo desee.
De esta manera, y a partir de las preferencias de los ciudadanos, cada Consistorio, con "plena autonomía", establecerá un "procedimiento de adjudicación" en el que se dé prioridad a unos demandantes sobre otros atendiendo al baremo estipulado por el Ayuntamiento. Eso sí, este baremo deberá responder a unos "principios generales básicos" tales como el nivel de recursos económicos.
Asimismo, los ciudadanos estarán obligados, según la ley que se aprobará en los próximos días, a comunicar al Consistorio si cambiaron de domicilio vigente o a actualizar "permanentemente" los ingresos económicos de la unidad familiar. De la misma forma, tendrán derecho a solicitar una VPO en distintos municipios, aunque tan sólo conste uno como el prioritario.
Otra novedad es que la oferta de viviendas se establecerá en función de la demanda, de manera que los promotores sepan exactamente la cantidad de viviendas necesarias que construir, así como el tipo de VPO en función de las preferencias expuestas por los demandantes en el registro, como puede ser el régimen de alquiler o compra.
Según Juan Espadas, con este sistema se busca "transformar radicalmente la política de vivienda", atendiendo a la "demanda real", en un proceso que "arranca" con 32 municipios de más de 10.000 habitantes, pero que pronto se ampliará a localidades más pequeñas.
