SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)
El alcalde de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Juan Ramón Troncoso (PSOE), advirtió hoy de que aunque será un tanto "flexible" con las familias de etnia gitana procedentes del desalojo del asentamiento creado entre el puente de Juan Carlos I y el puente de hierro que han vuelto a reagruparse en su término municipal, la decisión de su desalojo es firme y "de toda fortaleza", por lo que además de reclamar la ayuda de la Subdelegación la Policía Local ha vuelto a conminar a estas personas a levantar el asentamiento.
En declaraciones a Europa Press, Juan Ramón Troncoso informó de que además de solicitar el apoyo y la intervención de la Subdelegación del Gobierno, ha ordenado a la Policía Local que visite nuevamente a estas familias, expulsadas del citado asentamiento, del Charco de la Pava y de la carretera de la base de helicópteros de El Copero, en su nuevo enclave en una zona de cultivo de naranjos muy cercana al enclave que ya habían ocupado días atrás.
En ese sentido, la orden trasladada a los agentes es que conminen a estas familias a abandonar esta plantación de naranjos de titularidad privada en la que han comenzado a reagruparse tras haber sido dispersadas del espacio que a finales de la semana pasada ocuparon frente a la antigua y abandonada discoteca 'La Recua', porque "de ningún modo vamos a consentir que se cree un asentamiento".
"Seremos flexibles, podemos esperar", dijo el alcalde antes de advertir de que la decisión de desalojar a estas familias se ha adoptado "con toda fortaleza" y será consumada en breve si no abandonan el lugar por propia voluntad.
Una de las portavoces del colectivo, Aurora, confirmó a Europa Press el regreso de estas personas a esta zona y aclaró que, tras la dispersión protagonizada este fin de semana, en esta finca de naranjos ubicada en San Juan de Aznalfarache se están reagrupando "sólo los adultos", porque los menores que acompañaban a estas personas "están todos fuera", concretamente acogidos "con familiares y allegados" como consecuencia de los padecimientos de la vida nómada que soporta este grupo de familias desde hace más de una semana y ante el temor de que las autoridades intervengan sobre los niños y niñas.
EXILIO Y PACTO DE NO RETORNO
Por temor a represalias como consecuencia de la muerte de un menor, víctima de una bala perdida, estas familias abandonaron el Polígono Sur y crearon un poblado de chabolas entre los citados puentes, donde habitaban más de 300 personas sin electricidad, agua potable o cualquier comodidad en lo que algunos agentes sociales declararon como "emergencia sanitaria", sobre todo por los cerca de cien menores contabilizados entre el colectivo.
Dado el exilio, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio precintó las 41 viviendas de titularidad pública en las que residían en el Polígono Sur al objeto de esclarecer su verdadero régimen de ocupación, pues posiblemente sólo tres de las familias habitaba legalmente estos pisos. No obstante, el departamento de Juan Espadas no espera finalizar hasta septiembre la investigación abierta en cuanto al régimen de ocupación de estas viviendas.
Pese a dos intentos de recuperar las viviendas, el resto de las familias del Polígono Sur acordó con este clan de etnia gitana la permanencia de los exiliados en el poblado al menos hasta el mes de septiembre, pues su regreso a la zona podría derivar en un enfrentamiento abierto con la familia a la que pertenecía el menor fallecido.