SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
Tras el desalojo del asentamiento creado entre el puente de Juan Carlos I y el puente de hierro de San Juan de Aznalfarache, donde habitaban al menos 41 familias exiliadas del Polígono Sur por temor a represalias tras la muerte de un menor en un tiroteo, el colectivo de familias chabolistas ha optado finalmente por buscar una ubicación alternativa en las proximidades de la carretera que conduce a la base militar de helicópteros de El Copero al ser finalmente desechado el enclave del Huevo de Colón, más allá del Estadio Olímpico.
Después de que los miembros del dispositivo policial hayan conminado a los miembros de este clan gitano a abandonar los suelos del Charco de la Pava, hacia donde se habían movilizado en cumplimiento de la orden de desalojo que pesaba sobre los suelos del poblado al ser propiedad del Ministerio de Economía y Hacienda, algunos de los miembros del grupo han retornado a los bajos del puente de Juan Carlos I para protegerse del castigo del sol.
Si bien la asamblea celebrada en los suelos del Charco de la Pava, ubicados a espaldas de la huerta El Carmen, se resolvió con la propuesta de emprender camino hacia un enclave junto al Huevo de Colón, cerca de la Ronda Supernorte, la opción ha sido finalmente desechada y los miembros del colectivo de chabolistas, en un número menor debido a la disgregación, ha optado por buscar un asentamiento en la carretera que conduce a la base militar de El Copero, según ha informado a Europa Press uno de los portavoces de este clan gitano.
EXILIO Y PACTO DE NO RETORNO
Por temor a represalias como consecuencia de la muerte de este menor, víctima de una bala perdida, estas familias abandonaron el Polígono Sur y crearon un poblado de chabolas entre los citados puentes, donde habitaban más de 300 personas sin electricidad, agua potable o cualquier comodidad en lo que algunos agentes sociales han declarado como "emergencia sanitaria" sobre todo por los 126 menores contabilizados entre el colectivo.
Dado el exilio, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio precintó las 41 viviendas de titularidad pública en las que residían en el Polígono Sur al objeto de esclarecer su verdadero régimen de ocupación, pues posiblemente sólo tres de las familias habitaba legalmente estos pisos. No obstante, el departamento de Juan Espadas no espera finalizar hasta septiembre la investigación abierta en cuanto al régimen de ocupación de estas viviendas.
Pese a dos intentos de recuperar las viviendas, el resto de las familias del Polígono Sur acordó con este clan de etnia gitana la permanencia de los exiliados en el poblado al menos hasta el mes de septiembre, pues su regreso a la zona podría derivar en un enfrentamiento abierto con la familia a la que pertenecía el menor fallecido.
