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SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha avalado la legalidad del proceso de venta de la casa número 11 del Patio de Banderas y ha desestimado el recurso interpuesto por la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa), al considerar, entre otras cuestiones, que el 'ocupante' como inquilino durante 53 años "tenía derecho de adquisición preferente".
Según consta en la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, fechada el pasado 14 de octubre, la vivienda pertenecía al patrimonio estatal, si bien había sido arrendada desde 1962 a este propietario.
El contrato permaneció vigente hasta 2014, cuando fue resuelto por un impago continuado de las rentas desde mayo de 2013.
En ese momento, el Gobierno promovió un proceso de desahucio, si bien la sociedad estatal Segipsa propuso al implicado suscribir un nuevo contrato de arrendamiento o adquirir la vivienda mediante una enajenación directa, según la información adelantada por Diario de Sevilla y confirmada por Europa Press.
El interesado optó por la segunda opción, por lo que se abrió un proceso administrativo que concluyó con la venta directa del inmueble mediante una orden del Ministerio de Hacienda.
Adepa solicitó entonces la nulidad de las actuaciones, al considerar "improcedente" este trámite de enajenación directa y al estimar que se había llevado a cabo un fraude de ley dado que el Gobierno, "en un breve lapso temporal", había pasado de promover el desalojo del arrendatario "por incumplimiento grave de sus obligaciones a ofrecerle la adquisición directa de la misma vivienda de la que pretendía expulsarlo".
Además, Adepa subrayó que este proceso se había llevado a cabo en un contexto singular, dado el debate público en aquellos años de la incorporación de viviendas al conjunto histórico del Real Alcálzar.
La organización incide en que el Ayuntamiento de Sevilla había mostrado interés en la recuperación de estas viviendas para fines culturales e históricos, por lo que este inmueble "podía constituir una pieza esencial para futuros proyectos de puesta en valor del patrimonio histórico de Sevilla".
Frente a todo ello, el Alto Tribunal ha valorado que este hombre "había ostentado la condición de arrendatario de la vivienda durante 53 años, y en su condición de inquilino tenía derecho de adquisición preferente", según la Ley de arrendamientos urbanos.
De igual forma, ha aseverado que en su condición de mero ocupante provisional del inmueble, "se daban las circunstancias necesarias para que se pudiese aplicar el procedimiento de adjudicación directa".
El escrito incide en que, pese a que se realizó una propuesta de cesión por parte de Hacienda y Administraciones Públicas al Ayuntamiento de Sevilla, la corporación no contestó a esta propuesta, lo que demuestra "falta de interés" a "conservar el inmueble y destinarlo al uso general".
Por todo ello, entre otras cuestiones, ha descartado la existencia de fraude de ley o de un perjuicio para el interés general.
