La iniciativa que promueve la Autoridad Portuaria debería licitarse en 2013 para no perder fondos europeos, según su presidente
SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha confirmado la conclusión de la redacción del anteproyecto para la modernización del regadío del arroz, que pasa por que los arroceros lleven a cabo esta labor a través del Canal del Bajo Guadalquivir, lo que supondría que este sector no se viera afectado por el dragado de profundización del estuario del río que pretende promover la Autoridad Portuaria sevillana, cuya Declaración de Impacto Ambiental (DIA), según ha recordado recientemente el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, debe contar con este paso para quedar completada.
Fuentes del organismo de cuenca han indicado a Europa Press que, en concreto, el anteproyecto se encuentra en tramitación ambiental en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dentro de un procedimiento ordinario que culminaría con la licitación de la iniciativa.
De forma paralela, la CHG se encuentra trabajando para buscar la financiación del proyecto, estimada en unos 180 millones de euros. El objetivo es que al menos una parte pueda encuadrarse dentro de la convocatoria de fondos europeos 2014-2020.
El ministro ya explicó que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está trabajando en este momento en el proyecto, que "es caro", requiere presupuestos y, por tanto, estará "pendiente de la financiación que pueda existir en el próximo periodo de la programación de fondos estructurales comunitarios", que indica que todavía no han sido adjudicados entre las comunidades autónomas ni entre las distintas administraciones.
Tanto este extremo como el proyecto de protección de los márgenes del río Guadalquivir, que ya redacta el Puerto de Sevilla, son, según ha precisado recientemente Arias Cañete, necesarios para la validez de la DIA. Puesto que el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández, se ha remitido en todo momento al año 2013 como horizonte temporal máximo para licitar el dragado con el objeto de no perder la financiación europea, las actuaciones deberían estar encarriladas en este periodo.
De esta manera, el ente ya trabaja, en colaboración con los propios arroceros, en un proyecto mediante el cual el agua dulce se traería "directamente", en lugar de por la presa de Alcalá, por el Canal del Bajo Guadalquivir, a lo largo de 60 kilómetros desde Peñaflor (Sevilla), una obra "bastante costosa" que, no obstante, posibilitaría que los regantes no dependieran del río y supondría un "importante" ahorro en la cuenca de más de 100 hectómetros cúbicos, el equivalente a la capacidad de un pantano, según expuso en su día el presidente de la CHG, Manuel Romero.
Estas obras, así, permitirían llevar el agua a la margen izquierda del río, cruzarlo y trasladarla hasta la margen derecha para que pudieran regar los arroceros, que no tendrían que usar agua del estuario y evitarían así el problema de la salinidad.
EL PUERTO "CUMPLE" EL CALENDARIO
Según el Ministerio, autorizar el dragado sin estas medidas correctoras sería propiciar el "ir erosionando las riberas del Parque Natural de Doñana y perjudicar gravísimamente a unos agricultores que están asentados en la zona con cultivos que generan mano de obra y empleo".
El Puerto aseguró recientemente que a día de hoy "cumple" el calendario previsto para proceder a la licitación de la iniciativa, remarcando a este respecto que si la Abogacía del Estado y, por ende, el Ministerio hubieran derogado la vigencia de la DIA "habría habido que empezar de nuevo", dándose sin embargo el caso de que "siguen vigentes las condiciones con las que hemos contado desde siempre". "De ocho condicionantes, siete están cumplidos", aseguró.
El dragado es un proyecto que cuenta ya con aproximadamente diez años de historia a sus espaldas. Lo promueve la Autoridad Portuaria de Sevilla al objeto de que el tramo navegable del río acoja la navegación de buques de mayor calado, pero encuentra una firme oposición en el sector agrícola de la comarca del Bajo Guadalquivir, que teme que un incremento de la salinidad acabe afectando a los cultivos de toda esta zona donde el sector primario juega un papel sencillamente imprescindible.
De cualquier modo, los dragados de mantenimiento y conservación acometidos anualmente por el Puerto sobre el cauce vivo del río Guadalquivir están regulados por una declaración de impacto ambiental que se remonta a 2003 y que autoriza este tipo de labores por un periodo de 20 años. El dragado de profundización, no obstante, requiere el beneplácito expreso de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El Consejo de Participación de Doñana también debe pronunciarse sobre el proyecto, si bien su posición no tiene carácter vinculante.
Así, la Autoridad Portuaria ha elaborado un nuevo proyecto técnico cuya documentación ya ha entregado a la administración central. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco), en la XXXVII sesión de su comité de Patrimonio Mundial, ha aprobado una resolución que da cuenta de las "amenazas" que sufre el parque nacional de Doñana, señalando entre otras cosas la "urgencia" de no permitir el dragado.
