La Junta y el Fiscal recurren ante la Audiencia la devolución de las piezas arqueológicas a los exculpados
SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Marchena (Sevilla) ha decretado el sobreseimiento de las diligencias incoadas contra los últimos once imputados de participar en una red dedicada a la sustracción y venta de vestigios arqueológicos expoliados de 31 yacimientos de seis provincias, diligencias derivadas de la operación 'Tertis' y ya extinguidas, a excepción del recurso elevado por la Junta de Andalucía y el Fiscal contra la devolución de las piezas a los ya exculpados.
Uno de los abogados defensores de estos últimos inculpados, Miguel Antonio Gómez de la Rosa, informó a Europa Press de que, en efecto, el juez Manuel Ruiz de Lara emitió el pasado 18 de septiembre un auto mediante el que, en virtud de la petición de la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla, se acuerda el sobreseimiento de las diligencias respecto a los últimos once imputados, como ya avanzó el diario 'El País'.
El Ministerio Público, de hecho, creía que los argumentos esgrimidos por el juez para el sobreseimiento provisional de las actuaciones sobre 31 de los imputados, extremo resuelto el pasado mes de febrero, son "análogos" a la hora de entender que "no hay razón para mantener la imputación respecto al resto de inculpados".
No obstante, queda aún pendiente de resolución un recurso elevado por la Junta de Andalucía y el Ministerio Público ante la Audiencia Provincial de Sevilla contra la decisión del juez de devolver los objetos intervenidos a estas personas.
SOBRESEIMIENTO MASIVO
En aquel auto del 24 de febrero, que libraba de cargos al grueso de los 42 imputados, el juez consideraba que las escuchas practicadas a varios de los detenidos "ponen de manifiesto la posible existencia de una extendida actividad consistente en, utilizando detectores de metales u horadando el suelo, aprehender restos arqueológicos" en zonas que "tienen o no la catalogación de yacimientos". Aludía, en concreto, a las diligencias que a comienzos de 2007 se cobraron 52 detenciones por el supuesto saqueo en diverso grado de 31 yacimientos arqueológicos de Sevilla (14), Badajoz (once), Cádiz (tres) y Málaga, Huelva y Jaén.
No obstante, las pruebas aportadas por la investigación, que supuso inicialmente el decomiso de aproximadamente 300.000 piezas arqueológicas supuestamente expoliadas, no fue "suficientes para mantener una imputación concreta" de hurto o robo con fuerza contra estas 31 personas, pues las diligencias pusieron de manifiesto "más que indiciriamente" la actividad del expolio, pero "no hay actividad que ponga de manifiesto la causa que permita establecer que un imputado acudió a un lugar determinado o indujo a otro a que así lo hiciera con el fin de sustraer piezas de un concreto yacimiento o lugar y que esa pieza se encuentre entre las que han sido intervenidas".
Además, las pruebas periciales practicadas por los técnicos del Museo Arqueológico de Sevilla sobre las piezas intervenidas "no permiten establecer indicios de tal conexión", pues aunque es posible datar cronológicamente cada vestigio y su procedencia "tampoco sería posible fijar la fecha concreta de su aprehensión".
TODOS LOS DELITOS DESECHADOS
En cuanto a la posible comisión de un delito de daños sobre los yacimientos arqueológicos, "la realidad de menoscabo es aquí imposible de determinar" porque "no consta en las intervenciones telefónicas conversación alguna que permita deducir que un concreto imputado se personara en un momento concreto en cierto lugar" para causar tal menoscabo al patrimonio histórico. Las escuchas, una vez más, "no hacen más que poner de manifiesto esa posibilidad, pero no la acreditan", según figura en el auto.
En cuanto al tipo de apropiación indebida, el juez consideró que aunque existían "serios indicios" de tal actuación, "no se puede determinar cuándo ni de qué modo se obtuvieron las piezas".
