Tribunales.- Dictadas 14 sentencias que califican como delito de atentado las agresiones a personal sanitario

Actualizado 19/05/2008 16:57:16 CET

SEVILLA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han obtenido desde 2005, año en el que comenzó a funcionar el Plan Andaluz de Prevención y Atención contra las Agresiones a Personal Sanitario, un total de 14 sentencias en las que se ha calificado como delito de atentado a funcionario público la agresión sufrida por los profesionales sanitarios en el desempeño de su actividad.

Según detallaron a Europa Press fuentes del SAS, dos de las condenas han sido por agresiones registradas en Almería, una en Cádiz, una en Córdoba, nueve en Granada y una en Sevilla.

Además, resaltaron que los jueces han dictado hasta la fecha un total de cuatro órdenes de alejamiento a ciudadanos condenados por agredir a profesionales de centros sanitarios de Jédula (Cádiz), Maracena (Granada), El Saucejo y Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

De igual forma, subrayaron que "por primera vez" también se ha registrado una condena que deberá indemnizar económicamente al SAS por el deterioro material de un centro sanitario tras una situación conflictiva. En concreto, el juez ha condenado a indemnizar con 200 euros al SAS por rotura de un cristal en una agresión en el Hospital Virgen del Rocío (Sevilla).

En Almería, detallaron que las dos sentencias que condenan por delito de atentado, dictadas en junio de 2007, establecen una pena de entre un año y medio y dos años de prisión por delito de lesiones y atentado. Por su parte, la sentencia de Cádiz, dictada en julio de 2007, condena al agresor por delito de atentado a un año de prisión --que se sustituye por dos años de multa a razón de 5 euros diarios--.

Por su parte, en Córdoba, hay una sentencia condenatoria por delito de atentado a un año de prisión, mientras que en Granada son nueve las sentencias condenatorias por delito de atentado, con penas de entre un año y dos años y nueve meses.

Finalmente, en Sevilla se ha condenado a una pena de seis meses de prisión e inhabilitación para el derecho de sufragio, así como multa de 30 días a tres euros y orden de alejamiento e indemnización, por la agresión en un centro de salud en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).