José Salas se declara inocente y descarga la responsabilidad en el departamento de Contabilidad de la empresa
SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El dueño de la inmobiliaria Contsa, José Salas Burzón, para quien la Fiscalía pide 13 años de cárcel por delitos societario, de insolvencia punible y de estafa en concurso ideal con un delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación a la quiebra de su empresa, que fue declarada en concurso con 1.658 acreedores y un déficit patrimonial de 87 millones de euros, ha asegurado este jueves que desconoce "de dónde han salido" 1.000 de esos acreedores.
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha acogido en la mañana de este jueves la primera sesión del juicio contra el dueño de Contsa y su ex mujer, María del Carmen Bautista, que se enfrenta a una pena de seis años de prisión. Según las previsiones de la Sala, la vista oral se celebrará también este viernes y los días 23, 24 y 30 de noviembre, y 1, 14, 15, 21 y 22 de diciembre.
Antes de comenzar su declaración, el magistrado Juan Romeo, que preside el juicio, ha llamado la atención al acusado por sonreír antes de comenzar su comparecencia. "Esa sonrisa cómplice sobra totalmente, que sepa usted dónde está", le ha espetado.
En su declaración, que ha estado plagada de evasivas como "no lo sé", "que yo supiera no" o "no lo recuerdo" y en la que ha tratado de desviar la responsabilidad hacia el departamento de Contabilidad de la empresa, formado por seis personas más un asesor fiscal externo, ha indicado que, cuando Contsa presentó concurso de acreedores en febrero de 2008, sólo tenía 600 acreedores, y no los 1.658 que fueron declarados por el Juzgado de lo Mercantil.
"EL CLIENTE ERA COMO UN SOCIO"
El imputado, que al igual que su exmujer se ha declarado inocente de los hechos que se le imputan, ha explicado que Contsa tenía como objeto social el sector inmobiliario "en todas sus vertientes", como son las subastas tanto judiciales como notariales o la compraventa de bienes inmuebles, señalando que la "gran mayoría" de su financiación partía de inversores particulares que suscribían unos denominados "préstamos participativos".
"El cliente era como un socio nuestro y participaba en la gestión de la empresa, como si fuera un fondo de inversión", ha descrito José Salas, que ha incidido en que toda la documentación relativa a los contratos y sus posteriores prórrogas la llevaba el departamento de Contabilidad. "No tengo ni idea de cómo se hacía la contabilidad de los inversores, no soy experto y para eso tenía a seis personas en el departamento de Contabilidad", ha apostillado.
El dueño de Contsa ha llegado a afirmar: "no tengo que dar órdenes de nada al departamento de Contabilidad, ya sabía lo que tenía que hacer", todo ello durante un interrogatorio en el que ha asegurado que "no sabía lo que era en su momento un concurso de acreedores", punto en el que ha insistido en que fue el departamento referido el que se encargó de toda la información y documentación necesaria para el concurso presentado finalmente en febrero de 2008.
José Salas, que ha prestado declaración después de que la Sala haya solventado las cuestiones previas planteadas por la defensa del imputado, ha dicho no estar de acuerdo con el pasivo de 118 millones de euros que fijó el Juzgado de lo Mercantil.
La juez Mercedes Alaya, que investigó el caso de los ERE fraudulentos o las irregularidades en los cursos de formación, ha sido designada como magistrada ponente de esta causa, en la que hay personados nuevos abogados en representación de distintas acusaciones particulares.
LA PETICIÓN DE LA FISCALÍA
La Fiscalía de Sevilla, cabe recordarlo, pide para José Salas tres años de cárcel y una multa de 7.200 euros por un delito societario; siete años de prisión y multa de 9.000 euros por el delito de estafa en concurso con falsedad en documento mercantil, y otros tres años y multa de 14.400 euros por el delito de insolvencia punible.
De su lado, solicita para su exesposa cuatro años de prisión y una multa de 9.000 euros como cooperadora necesaria del delito de estafa, y dos años de cárcel y multa de 14.400 euros como autora de un delito de insolvencia punible.
En octubre de 2014, la juez de lo Penal número 10 de Sevilla ya condenó a José Salas a un año y diez meses de cárcel y al pago de una multa de 3.336.358,25 euros por dos delitos contra la Hacienda Pública tras haber defraudado a Hacienda, mientras que absolvió a su exmujer.
