Los ruidos "han impedido el desenvolvimiento normal del descanso y de la vida diaria de los querellantes"
SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Sevilla solicita una pena de cinco años de prisión y una multa de 8.640 euros para M.N.L. y J.L.A.R., administradores solidarios de la entidad Nempe Conciertos S.L., propiedad de la discoteca Weekend, y para M.R.N. y J.E.J., administradores mancomunados de la entidad Discodiver S.L. que explota este local, por un presunto delito contra el medio ambiente al emitir supuestamente unos niveles de ruido superiores a los legalmente permitidos.
En el escrito de acusación, consultado por Europa Press, el fiscal indica que este establecimiento ubicado en la calle Torneo de la capital hispalense ocupa un local colindante a la vivienda de los querellantes y señala que "ha venido emitiendo unos niveles de ruido que superan los valores legalmente permitidos", hecho que fue denunciado por los perjudicados en esta causa por primera vez ante el Ayuntamiento de Sevilla en noviembre del año 2000.
En este sentido, el Ministerio Público indica que, por las mediciones realizadas por la Policía Local en esta discoteca, se constató que la noche del día 12 al 13 de enero de 2001 la presión sonora era de 100 decibelios, cuando el valor máximo permitido era de 92.
Asimismo, en la noche del día 9 de marzo de 2001 la presión sonora era de 110 decibelios; en la madrugada del 28 de septiembre de 2003, de 93,3 decibelios, y en la noche del día 10 de octubre del mismo año de 98-102 decibelios.
Además de estas mediciones, los agentes de la Policía Local comprobaron el nivel de ruido "excesivo" que soportaban los querellantes en el dormitorio principal, como así sucedió con motivo de las denuncias del 23 de septiembre de 2001 y del 8 de junio de 2002.
El fiscal argumenta que todos estos hechos "han impedido el desenvolvimiento normal del descanso y de la vida diaria de los querellantes, afectando de forma grave la salud de los perjudicados".
Por ello, el fiscal considera que los hechos relatados constituyen un presunto delito contra el medio ambiente, por el que solicita para cada uno de los cuatro acusados un total de cinco años de prisión y una multa de 8.640 euros, así como la clausura de la empresa por otros cinco años y el pago de 10.000 euros a cada uno de los querellantes en concepto de daños y perjuicios causados a la salud psíquica e intimidad personal.
