ESPARTINAS (SEVILLA), 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Grupo de concejales del PP en el Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) ha reclamado al Gobierno municipal, liderado por José María Fernández (Ciudadanos), la suspensión de los 18 contratos formalizados con cargo al Programa de Ayudas a la Contratación de personas en situación de exclusión social de la Junta de Andalucía, elevando además a los juzgados las presuntas "irregularidades" en el proceso de selección de los trabajadores en cuestión.
Hablamos del caso de Dolores Villar, una vecina de Espartinas declarada "en huelga de hambre" al considerarse "injustamente discriminada" por el Ayuntamiento, al no ser incluida en las contrataciones temporales promovidas con cargo al Programa de Ayudas a la Contratación de personas en situación de exclusión social, impulsado por la Junta de Andalucía y canalizado a través de las administraciones locales.
Según ha dicho esta vecina a Europa Press, en la selección de personas beneficiadas por los contratos, realizada por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento, "ha podido haber alguna irregularidad", porque ella "siempre" ha estado "en los cinco primeros puestos" a la hora de la clasificación de las personas más necesitadas del municipio, si bien en esta ocasión ha quedado "fuera" de la selección. El Gobierno municipal, según ella, "ha reconocido que no se ha seguido todo el protocolo" en el procedimiento de selección, defendiendo el Equipo de Gobierno que las contrataciones son fruto de la selección de los servicios sociales municipales y que no ha mediado "intromisión" alguna.
Dado el caso, el PP de Espartinas ha pedido suspender las 18 contrataciones en cuestión y la creación de una comisión de investigación, señalando además "la gravedad de las declaraciones del concejal de Servicios Sociales, el socialista Ignacio Rubio, recogidas en una grabación y reconocidas expresamente por él en un medio de comunicación, inculpando asimismo al alcalde, José María Fernández, edil de Ciudadanos".
Según declaraciones del portavoz del Partido Popular, Javier Jiménez, "la gravedad de los hechos nos ha llevado a poner en manos del juez las grabaciones con las declaraciones del concejal, en las que reconoce los hechos junto al primer edil, ya que pueden constituir un presunto delito de prevaricación pues el alcalde firma 18 contratos a sabiendas de las irregularidades".
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