Actualizado 25/06/2014 16:16 CET

El TS investigará al alcalde de Alhaurín de la Torre acusado de dar una caseta a cambio de 3.600 euros en tiques

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS

   El Tribunal Supremo (TS) se ha declarado competente para investigar al diputado del PP y alcalde de la localidad malagueña Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, acusado que conceder irregularmente una caseta de feria en las fiestas de San Juan de 2005 a cambio de tiques para consumiciones en el bar de ese local valorados en 3.600 euros.

   La Sala de lo Penal ha designado al magistrado Julián Sánchez Melgar como el instructor de la causa abierta contra este aforado y contra la entonces concejala de Fiestas Isabel Fraile por la comisión de presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

  "La imposibilidad real de desvincular los hechos del aforado y del que no lo es impone la necesidad de asumir la competencia para quien no ostente el fuero", esgrime el auto para defender la necesidad de estudiar también el caso de la que fuera edil de la localidad malagueña.

   El Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga investigó la concesión a un empresario de la caseta municipal de forma contraria a las disposiciones legales y a la ordenanza municipal, que determinaba el pago de una tasa por la utilización del espacio.

   Según este juzgado, el alcalde contrató directamente con el empresario la caseta, firmando un acuerdo, que "adolecía de oferta pública y de valoración de los servicios técnicos municipales sobre el importe a que habría que ascender la tasa correspondiente".

   Así llegaron al acuerdo bilateral de que el empresario pagaría 3.600 euros en tiques para consumiciones y no abonaría la tasa que deberían recibir las arcas municipales. "Ello supuso que el municipio fuere privado de dicha cantidad, que podría ser considerada dinero público en cuanto sería la contraprestación, tasa o canon por la utilización del dominio público local", según el juzgado.

   La Fiscalía de Málaga solicitó en 2011 una pena de siete años de inhabilitación para empleo o cargo público, seis meses de prisión y el pago de una multa de 1.800 euros para el alcalde y, en agosto de 2013, pidió remitir las actuaciones al Tribunal Supremo por su condición de aforado.

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