SEVILLA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
La sentencia del juzgado número 12 de Sevilla sobre el recurso contencioso administrativo presentado por la UGT-A, que tenía por objeto la impugnación de resolución de 3 de junio de 2014 del director general de Políticas Activas de Empleo por delegación del presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), de reintegro de 1.061.063,13 euros de principal respecto de ayuda relativa al programa de orientación profesional Andalucía Orienta, concedida por resolución del SAE de 30 de enero de 2009, anula parcialmente dicho expediente de reintegro, concretamente 862.337,73 euros relativos a gastos sin tres ofertas de proveedores, lo que supone "un gran logro", para el sindicato.
En un comunicado, UGT Andalucía ha explicado que "con este fallo se ratifica que nuestra organización no incumplió la obligación de aportar como mínimo tres ofertas diferentes de proveedores con carácter previo a la contratación del compromiso cuando el importe del gasto supere los límites establecidos en el artículo 39.4 de la orden de 26 de diciembre de 2006".
"Como ya argumentamos en su momento, se había hecho una incorrecta interpretación de dicho artículo, por lo que todo el proceso estaba dentro de la legalidad, tal y como ha quedado reflejado ahora", ha recordado.
Por tanto, la UGT Andalucía entiende que "se trata de una sentencia favorable", ya que de la cuantía requerida "el fallo sólo reconoce la devolución de la cantidad correspondiente a la póliza contratada con Generali España S.A., 198.725,40 euros", ante la cual ya se ha presentado recurso de apelación, del que la organización espera que "se consiga también un fallo positivo".
Ante esto, la UGT Andalucía ha considerado que "no cabe otra manera de entender esta sentencia que como un gran logro, dado que tras las numerosas críticas y mentiras vertidas sobre nuestra organización, la justicia nos ha dado la razón, sentando las bases de lo que puede ser la primera de una serie de sentencias favorables".
En este sentido, ha asegurado que "si hubiera que nombrar a un derrotado, este sería la Junta de Andalucía, que tras abrir injustificadamente una causa general indiscriminada contra todas las actividades formativas del sindicato, se consuela con lo que para nosotros es un fracaso político y administrativo", apuntando que "si la Administración andaluza quiere transparencia y control del dinero público quizás debería centrar sus esfuerzos y miras en otro lugar y cesar el hostigamiento hacia nuestra organización".
