Villalobos critica una reforma local que "llega con poco sentido común"

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha abierto las Jornadas sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LSRAL) y su aplicación práctica, "una norma sobre la que podemos o no estar de acuerdo pero que debemos conocer a fondo para saber qué servicios podemos ofrecer a la ciudadanía".

En su opinión, se trata de "una reforma que llega con poco sentido común, que han vendido como la panacea del ahorro y se ha demostrado, con el anexo que incluye la Ley, que nuestros sueldos, los sueldos de los representantes municipales, están un 20 y un 30 por ciento por debajo de los que marca ahora la propia Ley".

El mandatario provincial ha planteado su preocupación sobre "la imagen que está percibiendo la ciudadanía de sus dirigentes políticos" sobre un asunto, la norma de la Administración Local, que afecta directamente a los servicios, según indica, "de tantos vecinos y vecinas que cuando tienen un problema no entienden de quién es la competencia, sino que lo que piden es una solución a su alcalde o alcaldesa".

Villalobos ha mostrado su rotundo desacuerdo con esta Ley, "que tras casi 20 borradores del anteproyecto y un año y medio más tarde, será la primera que consiga que el municipalismo en bloque presente recurso de inconstitucionalidad a una norma". Según ha explicado, el procedimiento para solicitar la revisión del Tribunal Constitucional requiere que al menos lo hagan 1.160 Ayuntamientos, que representan a 7,5 millones de españoles.

"Y esta cifra está más que superada, porque son 3.500 Ayuntamientos, que suponen la delegación de 15 millones de habitantes, además de Comunidades Autónomas, diputados y senadores, los que pidan el filtro del Alto Tribunal", ha detallado. El presidente de la Diputación de Sevilla espera que "las conclusiones de estas jornadas lleguen al gobierno central como la voz no escuchada hasta ahora de los municipalistas, porque la opinión del los representantes municipales ha sido silenciada en la elaboración de esta norma".

Villalobos ha afirmado con rotundidad que ésta es una Ley que con "sólo escuchar a diez alcaldes de distintos partidos políticos hubiese salido perfecta'.

La diputada del Área del Empleado/a Público, Carmen Arciniega, y el gerente de la Fundación Democracia y Gobierno Local, José Luis Moreno Torres, han acompañado al presidente de la Institución Provincial en la inauguración de este encuentro formativo, que ha reunido a cerca de 500 representantes técnicos y políticos del ámbito municipal español.

Moreno Torres ha agradecido "el apoyo institucional, muy especialmente a la Diputación de Sevilla, y en concreto a su presidente, patrono de la Fundación y leal impulso de la tareas y funciones que desarrollamos para el máximo conocimiento de la Administración Local".

Entre la documentación entregada a los participantes se encuentra una Guía Práctica sobre la LSRAL editada por la Fundación Democracia y Gobierno Local, entidad que ha colaborado activamente en la organización de estas Jornadas de trabajo, un manual realizado por Fernando Fernández-Figueroa, secretario general de la Diputación de Sevilla, junto a su homólogo en la Institución Provincial de Huesca, Antonio Serrano. Se trata de un documento sobre la aplicación de esta norma que todos los interesados pueden consultar en la web de la Fundación, e incluso ejecutar su descarga de manera gratuita.

Fernández-Figueroa, coordinador del equipo de investigación que trabaja para el conocimiento de la nueva Ley local dentro de la Fundación Democracia y Gobierno Local, ha hecho la presentación del primer ponente de la mañana, el catedrático de la Universidad Pompeu-Fabra Rafael Jiménez Asensio.

UNA LEY PARA LA SOSTENIBILIDAD

Jiménez Asensio ha explicado que "se trata de ir resolviendo ejemplos prácticos porque es una ley muy compleja, una ley que tiene como eje motor en estos momentos la sostenibilidad financiera más que la racionalización, aunque también tiene medidas de racionalización y plantea muchos problemas desde el punto de vista de la transitoriedad, de la aplicabilidad, de la vigencia inmediata y de la vigencia condicionada dependiendo, sobre todo, y ante todo de una cuestión clave como es el estado financiero de los municipios". "Es decir, una situación financiera razonable o buena conlleva que las medidas más traumáticas de la ley en principio se puedan sortear", recalca.

Sobre la situación de los ayuntamientos ha declarado que "la cuestión fundamental" es saber el estado financiero de los mismos; asegurando que "más que una ley estructural, es una ley de medidas para hacer frente a la sostenibilidad financiera de los ayuntamientos y esta situación es clave para determinar si se aplica la ley con media intensidad o con poca intensidad". "Se aplica en todo caso. Pero la aplicabilidad depende del estado financiero, del cumplimiento de los objetivos presupuestarios (sostenibilidad financiera) y el pago a proveedores y también los planes de ajuste", incide.

"No es fácil que los alcaldes puedan tener mucha claridad sobre la ley puesto que es una norma muy compleja, la aplicabilidad va a depender de muchos factores y plantea muchas incertidumbres. Requiere de una conjunción de cinco actores institucionales: el municipio, la diputación, el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la intervención fiscal. La dos últimas van a funcionar sí o sí, las tres primeras, ya veremos", ha manifestado.