SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha afirmado que el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares, que ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y que aspira a resolver la situación de "alegalidad" de unas 320.000 edificaciones en la Comunidad, cuenta con una "letra pequeña que puede suponer costes de urbanización inasumibles por ayuntamientos y vecinos".
En un comunicado, Villalobos ha puesto el acento en los apartados donde el mismo desarrolla los procedimientos para la redacción y ejecución de planes especiales urbanísticos. Ahí, la normativa aprobada posibilita que el consistorio redacte ese plan especial sin necesidad de que previamente se cuente con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)correspondiente, como ocurría hasta ahora, según detalla.
En el artículo 18.1 del Decreto se señala, según informa, que "los costes y obligaciones derivadas de la regularización de las edificaciones irregulares se afrontarán desde los principios de igualdad, equidad, proporcionalidad, legalidad y seguridad jurídica, por lo que la financiación de los mismos debe ser asumida por las personas físicas o jurídicas beneficiarias de la medida de regularización".
"Es decir, que si bien serán los vecinos los que hayan de soportar las onerosas cargas de urbanización que puedan conllevar la regularización de estas agrupaciones de viviendas, no puede olvidarse el importante papel que han de asumir los ayuntamientos para poder hacer realidad la aplicación del decreto, no solo de carácter técnico y de carga burocrática para elaborar los instrumentos previstos en estas medidas, sino incluso, en muchos casos, de actuación subsidiaria que puedan derivarse en contextos de débiles economías domesticas", ha asegurado Villalobos.
El presidente de la Diputación ha manifestado que tampoco se contempla asistencia técnica alguna a los ayuntamientos para habilitar las oficinas que deben recibir todas las solicitudes de asimilados fuera de ordenación, lo que "provocará el colapso de los servicios urbanísticos locales las más de las veces".
Finalmente, Villalobos ha aseverado que "la intención última del decreto es noble, porque hay 320.000 familias que no se merecen estar en una situación de incertidumbre por sus casas, pero la aplicación práctica del mismo carga toda la responsabilidad en los ayuntamientos y en los propios vecinos, tanto a la hora de tramitar la regularización como en el apartado de las urbanizaciones".
