Vox Sevilla recurrirá el archivo de su querella contra Cabrera "hasta la última instancia judicial"

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha informado este jueves de que recurrirá el auto del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla que ordena el archivo definitivo de su querella contra el edil hispalense de Gobernación, Juan Carlos Cabrera (PSOE), por el altercado acontecido el día de Reyes en el restaurante 'Princi.Pico'. Mientras la juez indica que "los hechos objeto de la querella no son constitutivos de delito", sin ver tampoco acreditados los mismos, dicho partido alega que sí mediaría "claros indicios" de delito, asegurando que peleará "hasta la última instancia judicial".

En concreto, el incidente en cuestión consistió en una fuerte discusión el pasado 6 de enero de 2021 al negar los responsables del restaurante 'Princi.Pico' al edil Cabrera y a sus familiares una mesa para diez personas cuando dicha jornada festiva sí estaba permitido tal número de comensales a la mesa merced a las estipulaciones de la Junta de Andalucía en el marco de las prevenciones frente a la pandemia.

Según Vox, el socialista Juan Carlos Cabrera se habría servido de su cargo como concejal responsable de la Policía Local para movilizar a la misma contra el citado restaurante, considerando que incurrió en un "abuso de poder" y que el despliegue policial habría sido desproporcionado. Le achacaba comentarios "xenófobos o racistas", aspecto descartado después por el propio responsable del negocio.

En ese contexto, la juez instructora detalla en su auto, recogido por Europa Press, que "los hechos objeto de la querella y su ampliación, aún cuando se ajustaran de verdad al relato de la querellante", no son constitutivos de delito, descartando así los delitos de coacciones, injurias, prevaricación y desórdenes públicos señalados por Vox.

LA CONCLUSIÓN DE LA JUEZ

"Caso de ser ciertos, los hechos podrían ser constitutivos de una incorrección política, deberían generar una responsabilidad política y tener una reacción política en un escenario ajeno a esta jurisdicción penal, que es lo que en definitiva pretende la parte querellante mediante la instrumentalización de esta querella", considera la juez, señalando que "la prueba practicada no lleva a concluir ni que el querellado cursara órdenes oficiosas concretas para que se presentaran en el lugar patrullas de la Policía Local, ni que él alterase el normal desarrollo del negocio, ni que profiriese expresiones vejatorias o xenófobas contra alguno de los presentes".

Además, la juez considera que las pruebas propuestas "no hacen sino redundar en otras ya practicadas y que no han aportado indicios de hecho punible alguno", censurado que se intenten incorporar "grabaciones de audio y video obtenidas con posterioridad a los hechos, captando de manera oculta y con clara intencionalidad a imagen o voz de una persona que no ha dado autorización a tal efecto", dada "la ilegalidad de su forma de obtención".

Frente a ello, Vox defiende que ha "aportado suficientes pruebas para acreditar los hechos", insistiendo en que media un "abuso de autoridad" y opinando que los jueces encargados del caso "no se han pronunciado durante la instrucción sobre estos medios de prueba".

EL TESTIMONIO DEL RESPONSABLE DEL NEGOCIO

Según Vox, a la hora de declarar como testigo, el responsable del restaurante contabilizó dos agentes de la Policía Nacional y ocho de la Policía Local en las inspecciones realizadas al negocio a cuenta del altercado; frente al informe del superintendente jefe de la Policía Local que contabiliza tres tandas consecutivas de dos agentes. Igualmente, asegura que el citado empresario habría testificado que "nunca hasta la fecha había recibido una inspección tan numerosa y exhaustiva de la Policía Local".

Vox esgrime otro informe de un jefe de sala de la Policía Local que reflejaría que el despliegue fue motivado "como consecuencia del incidente" en el que se vio envuelto el edil; así como el informe de la Policía Nacional, cuyos agentes no percibieron "ninguna zona masificada" y lo vieron "todo en orden" pese a un aviso telefónico por "aglomeración", según figura en el mismo.

Igualmente, esgrime que un camarero habría asegurado al partido que Cabrera le habría llamado "machupichu de mierda", extremo que la juez instructora no ve acreditado. Al punto, el partido critica que este camarero "sufriera un brote repentino de amnesia y perdiera la memoria en su declaración en sede judicial y manifestara no recordar nada de lo ocurrido". Especialmente, el partido señala la conversación telefónica sobre el asunto de Cabrera con el superintendente jefe de la Policía Local, considerando que del informe del mismo se desprende que el edil "esperó" a la llegada de los agentes.

"HASTA LA ÚLTIMA INSTANCIA JUDICIAL"

El presidente de Vox Sevilla, Javier Cortés, ha opinado que pesan "claros indicios de la comisión de un delito de abuso de autoridad", por lo que el partido recurrirá el auto de archivo definitivo. "Confiamos plenamente en la Justicia y que la verdad pueda probarse mediante estas pruebas de cargo. Lucharemos por la verdad hasta la última instancia judicial", ha aseverado.

"El auto de la juez accidental del número 13 habla de incorrección política y exime de cualquier responsabilidad penal a Cabrera. Me pregunto si en adelante cualquier autoridad que no sea atendida como quisiera en cualquier tipo de establecimiento público estará legitimada para llamar a sus subordinados y provocar una inspección con ocho agentes de la Policía. A nosotros nos parece una barbaridad como a muchos sevillanos, a los que no se les puede tomar el pelo porque saben lo que ocurrió", enfatiza Cortés.