Zoido insiste en una supresión "gradual" de los gravámenes de Mercasevilla impugnados por los mayoristas

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla y portavoz del Grupo popular, Juan Ignacio Zoido, ha abogado este lunes de nuevo por suprimir de forma "gradual" los servicios que la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, cobra a los mayoristas de pescado por aspectos como la facturación o el transporte y manipulación del género. Tales gravámenes, según este gremio, fueron declarados contrarios a las leyes de competencia por el Tribunal de Defensa de la Competencia mediante una resolución incluso ratificada por la Audiencia Nacional y estos empresarios reclaman al Parlamento Europeo un pronunciamiento por la no aplicación de estas resoluciones.

En declaraciones a los medios de comunicación, Zoido ha recordado que el conflicto que enfrenta a la directiva de la sociedad mixta con los mayoristas de pescado de Mercasevilla a cuenta del cobro de estos servicios deriva de que el Ayuntamiento, como socio mayoritario de la sociedad mixta, "ha hecho caso omiso a las decisiones del los tribunales". Estos servicios, en concreto, se elevan al 2,025 por ciento en concepto de facturación y cobro del total de ventas y al 1,57 por ciento en el caso del servicio de transporte, manipulación y colocación del género, aspecto popularmente conocido como "arrastre". Ambos gravámenes, según los mayoristas de pescado, fueron declarados contrarios a las leyes de competencia por el Tribunal de Defensa de la Competencia y una sentencia de la Audiencia Nacional habría confirmado tal extremo.

La directiva de la asociación de mayoristas de pescado de Mercasevilla, de hecho, elevaba meses atrás un escrito a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar la vulneración de cuatro normas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea por lo que al cobro de estos servicios se refiere.

En este escrito, en concreto, se advierte de que la sociedad mixta, y el Ayuntamiento como accionista mayoritario, "violan" cuatro normas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea al mantener el cobro que se aplica a este gremio por aspectos como la facturación o el "arrastre" del género. Estas normas son el principio de libertad de empresa, "totalmente cercenado" en este caso, y los principios de igualdad, no discriminación y de protección de los consumidores, pues el "abusivo" cobro de estos conceptos "intervencionistas" en el comercio de pescado, "repercute finalmente sobre el consumidor".

Zoido ha recordado al respecto que precisamente el expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007 "tenía como finalidad dar cumplimiento a la resolución del Tribunal de Competencias", aunque una vez consumado este procedimiento sometido incluso a una investigación judicial, "había más gente trabajando que antes". A tal efecto, ha prometido la "liberalización de los servicios de arrastre, apeo y carga de pescado" en Mercasevilla una vez en la Alcaldía, todo ello mediante una "aplicación paulatina y gradual" de las resoluciones que censuran el cobro de los servicios al objeto de "garantizar los puestos de trabajo" que dependen precisamente de ellos.