ZARAGOZA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El 76,2 por ciento de los mayores socialmente activos en la ciudad de Zaragoza necesita más ayuda económica de la que recibe en su vida diaria y el 65 por ciento solicita servicios de control para que otras personas comprueben regularmente su estado de salud.
Éstas son algunas de las conclusiones que se ponen de manifiesto en el estudio 'Dependencia y necesidades de servicios en personas mayores socialmente activas en Zaragoza capital', que se ha presentado esta mañana en la Universidad de Zaragoza.
El envejecimiento de la población y, en especial, el notable aumento del colectivo de mayores de 80 años ha provocado una nueva situación socieconómica que se ha analizado estos dos últimos días en el I Encuentro 'Envejecimiento y Dependencia: retos y políticas', organizado por la Cátedra Multicaja de la Universidad de Zaragoza.
En el marco de este congreso, el grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza 'Envejecimiento y Dependencia de Aragón' (EDA), formado por profesores de las Facultades de Económicas y Medicina y gestores sociales, ha presentado un estudio en el que se analiza la dependencia y las necesidades de servicios sociales en personas mayores socialmente activas en Zaragoza capital.
El estudio, coordinado por la profesora del Departamento de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Publica de la Facultad de Medicina, Encarnación Rubio, ha cuantificado la capacidad funcional de una muestra de población mayor aragonesa de 65 ó más años, socialmente activa y que acude regularmente a los centros de convivencia en Zaragoza.
El trabajo concluye que el 9,6 por ciento de los mayores consultados necesita ayuda a diario de otra persona para la realización de las actividades de la vida diaria.
Además, pone de manifiesto que un 5,1 por ciento de los encuestados tienen la salud mental alterada y requieren supervisión constante o bien tienen dificultades para la toma de decisiones y juicios que han de hacerse a diario.
RED SOCIAL DETERIORADA
El trabajo señala que un 4,3 por ciento de los encuestados tienen una red social fuertemente deteriorada o inexistente, es decir, sólo podrían contar con ayuda esporádicamente o no podrían contar con ella en absoluto.
Asimismo, un 3,7% tiene una salud física grave o totalmente deteriorada que, o bien requieren guardar cama y asistencia médica o de enfermería todo el tiempo, o al menos tratamiento médico intenso; y el 1,4% carecen de ingresos o reservas económicas o éstos son totalmente insuficientes.
En líneas generales, las mujeres tienen un mayor deterioro funcional en las áreas salud mental y en la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. Por otro lado, salvo en el área de recursos económicos, el deterioro es mayor conforme se incrementa la edad.
Ante esta situación, los mayores necesitan servicios institucionalizados que les ayuden en su vida diaria. Así, un 68,2 por ciento de los individuos dicen necesitar dispositivos de apoyo y prótesis.
Además, el 65 por ciento de los mayores solicita servicios de control-comprobación, entendidos como que alguien compruebe regularmente su estado de salud, y más de la mitad, el 58,7 por ciento, apunta la necesidad de participar en los viajes organizados.
Respecto a los servicios para los que la demanda insatisfecha es mayor, es decir, el porcentaje de mayores que expresan necesitar un servicio y no lo reciben, son, por este orden los dispositivos de apoyo y prótesis (88,7%), ayuda para comprar comida (87,5%) y ayuda económica en general (76,2%).
FISIOTERAPIA
Asimismo, uno de cada dos mayores entrevistados manifiesta necesitar más servicios de fisioterapia de los que recibe, lo mismo que para los servicios de reeducación de habilidades personales y de asesoramiento legal o administrativo.
Según los autores de este estudio, identificar la demanda sociosanitaria insatisfecha constituye un punto de partida para avanzar en el desarrollo de servicios adaptados a las necesidades de los mayores.
Esta situación cobra especial importancia en un contexto en el que los países desarrollados tienden a la desinstitucionalización, y al mismo tiempo, a la inversión en recursos para reforzar los servicios comunitarios, con el objetivo de que los mayores permanezcan en sus domicilios el mayor tiempo posible, agregan los autores.
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