ZARAGOZA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, ha sostenido que el acuerdo firmado por el Ejecutivo autonómico con los empleados públicos "hace posible las prioridades sociales, los objetivos de estabilidad y las mejoras salariales de los funcionarios".
Gimeno, junto con el director general de Función Pública y Calidad de los Servicios, Ignacio Zarazaga, y los representantes de los sindicatos CSIF y UGT, Pablo Asín y Alicia Hernández, ha presentado este lunes, 30 de noviembre, el protocolo suscrito el pasado día 26 en la Mesa General de Negociación en materia de diálogo social, medidas retributivas y otras condiciones de trabajo de los empleados públicos de la Administración autonómica.
El consejero de Hacienda ha agradecido a ambas centrales, que suman el 50,09 por ciento de la representación en la Mesa General de Negociación, su respaldo a este acuerdo, que "hace posible compatibilizar las prioridades del Gobierno en política social, los objetivos de estabilidad y el abono de la paga extra y la subida salarial del 1 por ciento de los funcionarios a partir del próximo 1 de enero", ha subrayado.
En este punto, ha añadido que sin el apoyo de CSIF y UGT no habría sido posible el incremento salarial de los funcionarios. El acuerdo alcanzado con estas centrales sindicales establece una subida salarial del 1 por ciento a partir del próximo año y un calendario para el abono del 75 por ciento pendiente de la paga extra retenida en 2012 a lo largo del próximo año, así como días adicionales de permiso por antigüedad. Pero, además, incluye el inicio de un proceso de negociación colectiva para la mejora de la calidad de los servicios y la reforma de la función pública.
A tal efecto, se establecerá un calendario consensuado para negociar las medidas a adoptar durante esta legislatura. El correspondiente órgano de negociación se convocará por vez primera el próximo 15 de diciembre. En concreto, la reforma de la Función Pública ya estaba prevista en la anterior legislatura, pero finalmente no se llegó a abordar.
La actual regulación del marco general de las condiciones laborales de los trabajadores de la Administración aragonesa data de 1991, con el decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública, que se complementaría en 1997 con un decreto por el que se aprueba el reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios autonómicos.
AVANZAR
El Gobierno y los sindicatos firmantes han valorado la trascendencia del acuerdo por las previsiones de avanzar simultáneamente en la mejora de la calidad de los servicios y de las condiciones laborales de los empleados públicos, más allá de las medidas retributivas y sociales pactadas para el próximo año y reflejadas en el texto articulado de la Ley de Presupuestos.
También han puesto de relieve la importancia de la paz y el diálogo social en un momento tan complicado por las dificultades financieras de la Comunidad y tras la suspensión de derechos laborales durante los últimos años de crisis económica.
