La oposición rechaza la reforma porque no soluciona la financiación, encarecerá servicios y es "un golpe de Estado al municipalismo"
ZARAGOZA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón, Paula Bardavío, ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Política Territorial e Interior de las Cortes autónomas a petición del Grupo Socialista para informar sobre la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, donde ha considerado que "es exigible que se lleve a cabo en paralelo una reforma" de las Haciendas municipales.
Sobre la financiación local, ha puesto de relieve que "se lleva diciendo décadas y ningún Gobierno de la nación ha conseguido modificarlo para mejorarlo", tras lo que ha justificado que se acometa de forma paralela argumentando que en la reforma de la Ley de Bases "se introducen bastantes criterios economicistas", de sostenibilidad.
Bardavío ha comentado que el texto original presentado por el ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, ha evolucionado mediante el proceso de diálogo con las Comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de forma que el Gobierno de España "vuelve a darnos la voz a las Comunidades autónomas" y "necesita oírnos" y ha mencionado "la oportunidad de todos de contribuir al debate" y a mejorar el texto.
Según ha apuntado, "ha desaparecido" la penalización de la prestación insostenible de los servicios y también la fusión de municipios pequeños. "Por tanto hay, que tener una visión favorable en este punto" porque "va evolucionando".
"SINGULARIDAD COMARCAL"
Bardavío ha subrayado que el consejero, Antonio Suárez, explicó la reforma a la Cámara haciendo una defensa de la autonomía local, del modelo territorial aragonés y de las competencias de la Comunidad autónoma en materia local.
La directora general ha destacado que el texto que maneja el Gobierno de España reconoce la singularidad comarcal de Aragón, que el Ejecutivo se comprometió a incluir en la primera reunión que celebró en esta legislatura la Comisión Bilateral Aragón-Estado.
El Departamento presentó alegaciones al anteproyecto original en este sentido y el Gobierno autónomo tiene la intención de seguir trabajando para que en la legislación básica estatal se mencione el modelo comarcal aragonés y las comarcas estén recogidas expresamente.
"Sería conveniente dejarlo más patente para evitar confusiones o dudas", ha dicho Bardavío, quien ha comentado que la legislación española reconoce la singularidad de nueve Comunidades autónomas en materia local, entre las que ha mencionado los cabildos y consejos insulares de las Islas Canarias y de Baleares y la foralidad del País Vasco y Navarra.
En el caso de que se llegue a privar a algunos municipios de algunas competencias, "el intermedio tienen que ser las comarcas", ha continuado Paula Bardavío, para considerar que las comarcas "deben adaptar su estructura a esta nueva función de prestación de servicios" por proximidad a los ayuntamientos y a la ciudadanía.
La directora general ha explicado que la reforma que prepara el Gobierno plantea "una rebaja" de la competencia que los municipios de más de 20.000 habitantes tienen en materia de servicios sociales al atribuirles ahora la evaluación e información de las situaciones sociales especiales y la atención inmediata a las personas en riesgo de exclusión social, pero ha precisado que "el resto no se toca", en atención al catálogo de servicios sociales mínimos y obligatorios.
COSTE ESTÁNDAR
La responsable de Administración Local en Aragón ha señalado, sobre el coste estándar de los servicios mínimos obligatorios, que no está definido en la modificación legislativa, y ha agregado que "está apuntado de una forma tan abierta que necesariamente exige una concreción".
A su juicio, "no es posible hacer una comparativa automática", no se puede comparar el coste de los servicios en un municipio con otro, "cuando no concurren las mismas circunstancias", como, por ejemplo, la diferente tasa de envejecimiento o la existencia de varios núcleos habitados.
La fijación de un coste estándar "deber servir para impedir que un municipio siga por ese camino cuando sean casos flagrantes de despilfarro, pero no de meras ineficiencias".
Ha continuado exponiendo que el legislador está pensando en "poner límite a los despilfarros", es decir, que no se trata de privar a los municipios de competencias "por una mera ineficiencia, por una mala gestión", sino que se pretende evitar "malas gestiones" realizadas de forma "grave".
EVITAR DUPLICIDADES
El Departamento comparte la necesidad de "evitar duplicidades y competencias impropias" porque estas "se deben evitar en esta situación de crisis, cuando ello esté detrayendo recursos" e impida la prestación de las competencias que sí están atribuidas a un ayuntamiento legalmente. "Si están impidiendo prestar los servicios obligatorios, entonces sí tenemos un problema", ha apuntado.
También ha dicho que el anteproyecto "no añade nada nuevo" a la posible privatización de servicios, ya que el borrador establece que determinados servicios se podrán gestionar de forma indirecta, lo que también ha sido modificado respecto al texto original, que disponía que esto se llevaría a cabo de forma automática.
"DESMANTELAMIENTO"
La diputada del Grupo Socialista Carmen Sánchez ha afirmado que este anteproyecto "no soluciona el mayor problema, la financiación, que vuelve a quedarse pendiente". Esta reforma "no elimina duplicidades ni solapamientos" y supone "un desmantelamiento de los servicios públicos y abrir la puerta a la privatización de estos servicios".
El Grupo Socialista rechaza la retirada de la titularidad y la gestión de servicios públicos a los ayuntamientos, ha proseguido Sánchez, quien ha reclamado que estos tengan la "suficiente" financiación para poder prestar los servicios básicos.
El parlamentario de CHA Gregorio Briz ha pronosticado que la reforma "va a encarecer los servicios" porque las diputaciones provinciales, que según la propuesta gestionarían los servicios que no pudieran prestar los ayuntamientos pequeños "no tienen ni personal ni recursos suficientes". Con esta reforma "se pretende suprimir ayuntamientos y llegar a una recentralización", ha lamentado.
El portavoz de IU, Adolfo Barrena, ha afirmado que la reforma local es "un golpe de Estado al municipalismo" y ha preguntado a la directora general "si la forma de evitar duplicidades es quitar las competencias y llevarlas de un sitio para otro".
La parlamentaria del PP Mar Vaquero ha indicado que las fuerzas políticas y muchas instituciones pueden realizar aportaciones al anteproyecto y ha opinado que la reforma es "necesaria". El anteproyecto ni siquiera ha llegado al Consejo de Estado porque "no hay nada cerrado", ha insistido.
La diputada del PAR María Herrero ha aseverado que "el melón sigue abierto" y ha traído a colación las sucesivas modificaciones del anteproyecto en los diversos borradores que se han presentado. "Queremos que se reconozca ese modelo aragonés propio" de las comarcas", ha dicho.
