ZARAGOZA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón recibe entre dos y tres quejas mensuales de los usuarios de las residencias de personas mayores, discapacitados y centros de día, ha informado la directora general de Bienestar Social, Cristina Gavín, quien ha comparecido en Comisión de las Cortes de Aragón junto con el consejero, Ricardo Oliván, y el director general de Salud Pública, Francisco Sancho.
Cristina Gavín ha señalado que desde el pasado mes de agosto, cuando el equipo de Oliván se hizo cargo del Departamento, hasta el mes de octubre se formalizaron 12 quejas y desde el año 2000 hasta este miércoles se presentaron 505. Atender estas quejas es una prioridad de la dirección general, ha explicado.
Asimismo, esta dirección general tiene constancia de la existencia de 292 centros de este tipo, que van a ser inspeccionados este año, prioritariamente los que nunca han sido inspeccionados, tanto públicos como privados. A final de año, se hará pública una memoria con el diagnóstico de la situación.
El consejero ha dado cuenta del Plan de Inspección de Centros Sociales puesto en marcha en 2012, que desarrolla la Ley de Servicios Sociales y cuyos objetivos son velar por el respeto de los derechos reconocidos a los usuarios, controlar el cumplimiento de los requisitos por parte de los centros e informar y apoyar a los responsables y usuarios. "Lo que pretendemos es cumplir con nuestra obligación", ha recalcado.
El titular de Bienestar Social ha reconocido que "desconocemos la situación de la que partimos" y ha considerado que "la mayor parte cumplen y yo me lo quiero creer, pero no tengo constancia de que sea así", de ahí el plan de inspección. Esta es "una duda que ningún gobernante se puede guardar en el tintero".
Oliván ha dicho que cumplir con la ley no es crear "alarma social" y ha añadido que con la puesta en marcha de las inspecciones algunas residencias han corregido deficiencias.
El consejero ha anunciado que se elaborará una ley para regular la habilitación de este tipo de centros, que incluirá la creación de un registro. Posteriormente, se desarrollará un reglamento.
El director general de Salud Pública, Francisco Sancho, ha expresado que Salud Pública se incorporará a las inspecciones a través de los profesionales farmacéuticos y veterinarios desplegados en el territorio, quienes evalúan el mantenimiento del centro, la unidad de almacenamiento de alimentos, la unidad de servicios higiénicos, la lavandería y controlarán la prescripción de fármacos. "Ante cualquier incidencia se van a encender las luces rojas".
MUY GARANTISTA
La diputada del Grupo de IU Patricia Luquin ha apoyado la realización de inspecciones y ha opinado que la ley que regulará la habilitación de este tipo de centros "tiene que ser muy garantista" y no crear inseguridad.
La portavoz de CHA, Nieves Ibeas, ha señalado que el Gobierno había lanzado "demasiadas expectativas de lo que iba a ser" la inspección de centros y ha animado a extender las inspecciones a los todos los centros que dependen del Departamento.
El diputado del PAR Manuel Blasco ha dicho que, "en esencia, nos parece bueno que exista el plan, que se actualice y se mejore, y a partir de ahí se tomen las medidas oportunas para seguir mejorando la prestación de los servicios sociales, que es a fin de cuentas lo que agradecen los ciudadanos".
Para Blasco, el plan de inspección "es bueno también desde el carácter preventivo" puesto que "no siempre es necesario hacer un plan porque las cosas vayan mal" y se ha mostrado a favor de tener "un plan claro, específico y concreto que pueda usarse".
El diputado socialista Eduardo Alonso ha señalado que los centros que el Gobierno ha cerrado --meses atrás-- "son casi pisos más que residencias". La parlamentaria popular Carmen Susín ha opinado que la prioridad debe ser inspeccionar la totalidad de las residencias y ha recomendado poner fin a la "impunidad" de algunas residencias, lo que "de ninguna manera el Gobierno podía consentir".
