CHA considera que hay "responsabilidad institucional" y pide una "investigación interna" en el Gobierno
ZARAGOZA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, aseguró hoy que el yacimiento arqueológico de la Cueva de Chaves, ubicado en una finca privada que se utiliza como coto de caza, en el término municipal de Casbas (Huesca), estaba "suficientemente protegido" legal y físicamente antes de que se produjera el "expolio" de parte de este enclave, que calificó de "tragedia para el patrimonio aragonés".
La consejera, que recordó, en una comparecencia ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón, que tras las actuaciones realizadas en la cueva y su entorno se ha perdido un patrimonio y una información del neolítico que es "irrecuperable", aseguró que su Departamento ha actuado "con celeridad y eficacia" y achacó la "responsabilidad" de lo ocurrido a los propietarios.
Broto relató que, desde el punto de vista físico, la cueva estaba en una propiedad privada que se encontraba "vallada y tenía vigilancia permanente" por lo que "los propios arqueólogos habían comentado que era uno de los yacimientos más protegidos de Aragón".
Sobre la protección legal, dijo que la zona está "totalmente protegida" por la Ley de Patrimonio Arqueológico y la Ley de Patrimonio Cultural, y cuando fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2003 la propiedad no presentó alegaciones.
Al respecto, subrayó que la propiedad conocía la protección que poseía la cueva puesto que se le pedía su autorización para las campañas de excavación realizadas -un total de 16-- y en la documentación se informaba del tipo de protección que tenía.
Esto último, recalcó, es "fundamental" para pedir responsabilidades a la propiedad por lo ocurrido porque "lo que está claro es que si hay un responsable de este expolio es el propietario, del que desconocemos los motivos" por los que lo realizó, ya sea por el fin cinegético de la finca, porque el propietario "no quiera tener estas excavaciones arqueológicas" o por otro motivo, pero "lo que está claro es que el expolio se ha cometido por orden de la propiedad de la finca".
ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO
Respecto a la actuación del Departamento, la consejera explicó que el 2 de marzo del año pasado tuvieron conocimiento del "expolio" del yacimiento, que hasta ese momento era el "más importante del neolítico de Aragón" y de los más importantes de la Península Ibérica, con motivo de una visita que se realizó para el inicio de la campaña arqueológica de 2009.
"Inmediatamente, se comunicó al Departamento" la situación "y, al día siguiente un técnico visitó la cueva", donde comprobó que en toda la finca se habían realizado obras de acondicionamiento, ampliación y creación de pistas y balsas, llegando una carretera hasta la cueva, mientras que en su interior había habido un "vaciado" de un "importante volumen" de sedimentos arqueológicos por "medios mecánicos".
Esto supuso una "pérdida de toda la información" del neolítico de forma "irreversible", aunque no de los niveles del pateolítico, dijo la consejera, para agregar que este tipo de actuaciones hubieran requerido de una autorización según marca la ley, que no se pidió.
Ante esta situación, el 4 de marzo el director general de Patrimonio envió una carta al propietario denunciado la situación y manifestándole que se abstuviera de hacer otra actuación, y otra al Ayuntamiento de Casbas informándole de lo ocurrido y señalándole que se abstuviera de permitir obras en ese entorno protegido.
Asimismo, el 6 de marzo, el director provincial denunció los hechos ante la Fiscalía Provincial de Zaragoza como delito contra el patrimonio y el 18 de abril se requirió al Gobierno por parte de la Guardia Civil información sobre el carácter cultural y el régimen jurídico de protección, a quien el Ejecutivo envió un informe el 7 de mayo sobre estas cuestiones.
Además, el 20 de mayo el Gobierno de Aragón se interesó por el desarrollo del proceso y solicitó personarse como perjudicado, mientras que el pasado 9 de febrero de 2010 el Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca solicitó al Ejecutivo documentación sobre las autorizaciones de las excavaciones por parte de los propietarios, algo "fundamental" para demostrar que tenía conocimiento de la protección, insistió Broto.
La consejera añadió que se ha pedido a un técnico del Departamento que actúe como perito por lo que "el juez no considera que pueda haber responsabilidad" por parte del Departamento, "sino todo lo contrario".
Por todo esto, estimó que su consejería ha actuado "con responsabilidad", "eficacia" y "absoluta celeridad" y deseó que la justicia también actúe "con la máxima celeridad" y se exijan las responsabilidades que tiene el propietario de esta finca.
INVESTIGACIÓN INTERNA
La diputada de Chunta Aragonesista (CHA), Nieves Ibeas, cuyo grupo parlamentario había solicitado esta comparecencia, estimó que sí había "responsabilidad institucional" en lo ocurrido, criticó la "falta de coordinación" entre el Departamento de Cultura y el de Medio Ambiente y solicitó una "investigación interna" en el Gobierno "y que los resultados se hagan públicos".
La parlamentaria opinó que la cueva "no estaba suficientemente protegida" ya que estuvo "durante demasiado tiempo abandonada y olvidada", sin realizarse tareas de inspección y control, dijo, por lo que el Departamento "no ha hecho lo que tenía que hacer" ya que "no han servido las figuras de protección", "no ha habido inspección, ni control, ni coordinación con el Departamento de Medio Ambiente".
El diputado del PP, Miguel Navarro, recordó que este yacimiento tenía "más de 6.000 años de antigüedad" y "por negligencia de su Departamento" se "ha arrasado parte del nivel neolítico". Agregó que esto ha ocurrido después de una "actuación descontrolada" de los propietarios.
Al respecto, recordó que la finca se valló "no sin polémica y contraviniendo la propia ley de caza", ha habido denuncias por el talado de árboles para pistas y balsas y por repoblar el coto de caza con cabras no autóctonas, apuntó.
Ya en 2007, continuó, el Justicia de Aragón pidió al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Casbas "que actuaran en defensa de los intereses públicos, pero, como siempre suele actuar el Gobierno, la callada con respuesta".
Por todo esto, concluyó, "si los propietarios han actuado de forma incorrecta, la fiscalía tendrá que actuar", pero también "suscita muchas dudas" que el Ayuntamiento pidiera amparo al Gobierno de Aragón "para solucionar las tropelías" y los máximos responsables hayan "estado lentos" en su actuación.
DEPURAR RESPONSABILIDADES
Los portavoces de los grupos que apoyan al Gobierno, Partido Socialista (PSOE) y Partido Aragonés (PAR), desearon que se "depuren responsabilidades" por una "pérdida irreparable" de un bien patrimonial, si bien, dijo el portavoz del PSOE, Carlos Álvarez, la actuación del Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha sido "responsable, rápida y eficaz" y ha puesto los hechos en manos de la Fiscalía.
La diputada del PAR, María Herrero, comentó que el Gobierno "ha estado cumplimiento legislación y normativa vigente y, a partir de ahí, ha actuado con responsabilidad y eficacia" y la justicia "aclarará los acontecimientos y depurará responsabilidades".
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