Desregulación ordena activar un protocolo de pruebas forenses de edad a los menores migrantes que llegan a Aragón

Nolasco comunica la expulsión de un menor migrante de un centro de acogida por "fraude", ya que no tenía 13 años, sino que ronda los 20

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El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, este miércoles en sala de prensa. - GOBIERNO DE ARAGÓN
Europa Press Aragón
Actualizado: miércoles, 3 junio 2026 11:49

ZARAGOZA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha informado de que se ha ordenado activar un protocolo de actuación para realizar pruebas forenses de edad a todos los menores extranjeros no acompañados "que el Estado obliga a Aragón a acoger" y lleguen a la comunidad autónoma sin certificado biológico que acredite "fehacientemente" su edad.

Nolasco ha abordado este asunto en una rueda de prensa este miércoles, después de haber detectado "fraude" contra el Gobierno de Aragón relacionado con "falsos menas, aquellos que alegan ser menores de edad, pero que una vez realizadas las pruebas forenses para determinar la edad, resulta que no lo son".

"Los hemos localizado a tiempo y estamos implantando medidas desde ya para erradicar este tipo de situaciones", ha asegurado Alejandro Nolasco, que ha contado el caso de una menor que llegó a Aragón desde Mauritania hace unos tres meses "tras ser enviado por el Estado desde Canarias bajo amenaza de responsabilidad penal contra las autoridades autonómicas para imponer el acogimiento forzoso, que es lo que pretenden desde el Gobierno de Pedro Sánchez".

Ante los "múltiples indicios de fraude" hallados por el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familias en el expediente remitido por el Estado, ya que "el Gobierno de España se había limitado a dar por buena la fecha de nacimiento que había declarado esta persona, 13 años de edad, y lo que es más alarmante, esta persona informaba de que tenía dos hijos en su país, ni por esas, el Gobierno central decidió actuar".

Por ello, desde el Ejecutivo aragonés se decidió realizarle la pertinente prueba forense y biológica para determinar su edad en el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), que ha determinado que esta persona ronda los 20 años de edad. "Esta ante un mayúsculo contra el Gobierno de Aragón y, por tanto, contra los aragoneses, porque la residencia fraudulenta le ha costado a las arcas autonómicas alrededor de 13.000 euros".

"Este sujeto fue expulsado de los Servicios Sociales de Aragón el pasado 25 de mayo del centro de menas en el que se encontraba, con la ley en la mano", ha manifestado Nolasco, que ha recalcado que el relatado "no es un caso aislado" y "la falsedad en los datos de edad afecta gravemente a la atención que se presta a los menores".

De hecho, ha aludido a un segundo caso, el de una menor que, según el Gobierno de España, tiene nueve años, mientras que una estimación pediátrica se estima que en realidad rondaría los 13 años. Es por ello, ha indicado Nolasco, que ya se ha ordenado practicar una prueba forense de edad.

20% CON CERTIFICADO

En esta línea, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia ha lamentado que "apenas el 20%" de los menores migrantes que llegan a Aragón "enviados por el Estado" cuentan con el certificado biológico.

De modo que, siguiendo el trámite legal establecido, la realización de las pruebas forenses de determinación de edad se solicitan por el Gobierno de Aragón a la Fiscalía de Menores, que tras aceptarlas las encarga al IMLA. Ha puntualizado Nolasco que este procedimiento está recogido en el acuerdo de gobernabilidad pactado entre PP y Vox y firmado el pasado 22 de abril.

Los fraudes reiterados son amparados por la falta de control del Gobierno central, al no realizar pruebas forenses generalizadas para determinar la edad real de los supuestos menores migrantes, ha comentado Alejandro Nolasco, que ha detallado que este "fraude" se sustancia de dos formas.

Por un lado, menores que en realidad son mayores de edad o menas que, siendo todavía menores, declaran una edad muy inferior a la real para prolongar fraudulentamente su estancia en centros de acogida pagados por los contribuyentes españoles, ha expuesto.

CRÍTICA AL MINISTRO TORRES

Alejandro Nolasco ha recordado las declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, el pasado 28 de abril en Zaragoza, quien, "con la chulería que le caracteriza, vino a decir que si no acogíamos a todos los inmigrantes ilegales que envía el Gobierno Central íbamos a pagar las consecuencias".

En este punto, el vicepresidente aragonés le ha respondido: "Ya hemos expulsado a uno de sus falsos menas que su Gobierno envía, debido a que hemos detectado un fraude contra los aragoneses". Ha agregado que la expulsión "cuenta con plenas garantías legales", por lo que "no tenemos ningún temor de las palabras de este ministro".

Asimismo, le ha preguntado: "¿Qué va a hacer ahora? ¿El señor Torres, el ministro, nos va a llevar al Tribunal de la ONU como cuando derogamos la Ley de la Memoria Democrática o va a optar por llevarnos al Tribunal de Corea del Norte o del Consejo Jedi o lo que quiera hacernos?".

"Aquí le estaremos esperando con el pleno convencimiento de que estamos velando por el cumplimiento de la ley y el bienestar de los aragoneses", ha subrayado Alejandro Nolasco.

Ha avisado al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y también al ministro Ángel Víctor Torres, como responsables de Extranjería, de que "los casos de falsos menas que detectemos serán notificados de inmediato y los llevaremos a las puertas de Delegación del Gobierno para que se hagan cargo de ellos y queden bajo su estricta responsabilidad".

"Aragón no va consentir que el Gobierno de Pedro Sánchez siga siendo cómplice de esta invasión migratoria, amparándola y favoreciéndola con fraude incluido", ha avisado Nolasco.

"Ya estamos actuando con todas las herramientas que nos permite la ley y no vamos a asistir de brazos cruzados ante estos casos de falsas menas, algunos incluso con hijos, que encima el Gobierno central nos obliga a acoger bajo amenazas y cuyo fraude lo terminan pagando los ciudadanos", ha expresado el vicepresidente, quien ha criticado que "tras entrar ilegalmente en España, se beneficien del dinero público y acaben campando a sus anchas".

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