El empresariado oscense muestra su disconformidad con la reducción de la jornada "no consensuada por el diálogo social"

HUESCA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de la provincia de Huesca (CEOE-Cepyme Huesca) ha mostrado este lunes su malestar ante el ultimátum dado por el Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas sin que ello suponga merma de salario para los trabajadores, en lo que han considerado una "injerencia" de un Gobierno que practica una "política intervencionista" en el ámbito de las relaciones laborales.

Para la organización empresarial, la postura del Ejecutivo supone un ataque al diálogo social pues modifica "de forma unilateral" cuestiones sustanciales que corresponden al espacio de negociación de las organizaciones empresariales y sindicales según establece la Constitución, lo que "socava" la autonomía de las partes y no atiende "ni al interés general y ni a la prosperidad económica del país".

CEOE y Cepyme Huesca han lamentado las diferentes propuestas rechazadas por el Ministerio. Una de ellas, han recordado, planteaba compensar la reducción del tiempo de trabajo mediante el incremento de las horas extras, que actualmente se encuentran en un máximo de 80 horas al año. En este sentido, según los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), España es uno de los países menos permisivos para la realización de horas extra.

Ello ocurre, según han alertado en un contexto negativo, ya que en el el primer trimestre del 2024, el país registró su quinto trimestre seguido de caídas en la producción, situándose un 3,3% por dejado del último año, razón por la cual se cree que es necesario impulsar un marco que promueva el desarrollo de la actividad y del aumento de productividad en la empresa antes de desarrollar la medida planteada.

REORGANIZACIÓN "MUY DIFÍCIL" PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS

Los empresarios altoaragoneses han trasladado su temor por el impacto de esta reducción, especialmente en las pymes, y han recordado los problemas de vacantes o de productividad que afectan al tejido empresarial.

En ese sentido, han expuesto que el Informe elaborado por la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa señala que la reducción de jornada que se plantea le costaría 42.400 millones de euros a la economía del país. De ellos, se estima que 11.800 millones es el coste que supondría que los asalariados trabajen menos horas cobrando lo mismo.

A ese montante habría que añadir otros 30.600 millones de euros, que es el valor añadido que la economía dejaría de producir si las empresas no sustituyen esas horas perdidas con más mano de obra.

A juicio del colectivo empresarial altoaragonés, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos defienden que el objetivo de la reducción de las horas trabajadas es obligar a las empresas a que organicen mejor su trabajo y sean capaces de hacer lo mismo con menos recursos además de repartir las ganancias de productividad. "Sin embargo, han estimado, esta reorganización es muy difícil entre las pequeñas y medianas empresas que tienen menor productividad, menor rentabilidad y pocos recursos organizativos con dificultad para disponer de nuevos trabajadores, especialmente con la actual problemática de vacantes que sufre el mercado laboral español".

Al respecto, CEOE y Cepyme han advertido de que los sectores más afectados serían la hostelería, comercio, actividades inmobiliarias, agroganadería, transporte y actividades profesionales y técnicas.

"Desde las organizaciones empresariales defendemos que la mejor vía para reducir la jornada laboral es la negociación colectiva", han sostenido.