ZARAGOZA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) suscribe en su integridad el Manifiesto de apoyo al juez Baltasar Garzón en defensa de las víctimas del franquismo y anuncian que como colectivo participarán en todos los actos para la difusión de dicho manifiesto y en apoyo del juez de la Audiencia Nacional.
Desde la FABZ recuerdan que las organizaciones sociales y políticas que suscriben este documento quieren hacer pública su "indignación y su rechazo a los procedimientos judiciales incoados por el Tribunal Supremo" contra el juez Garzón y su decisión de procesarlo bajo la acusación de prevaricación, como consecuencia de su investigación de las desapariciones forzadas en el marco de crímenes contra la humanidad, denunciadas por asociaciones de víctimas de la represión franquista.
En el manifiesto detallan que el juez Garzón "pretendió investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo tras el golpe militar contra la legalidad constitucional republicana, durante la guerra y durante la dictadura; pretendió recuperar los restos de los desaparecidos-asesinados, verificar y revelar de forma pública los hechos, mediante una declaración judicial que restableciera, frente a los crímenes, la dignidad de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en su conjunto".
Para la FABZ, según recoge el manifiesto "la actuación de los jueces y su órgano de gobierno en este caso y la interpretación de la actuación de Garzón como prevaricadora, más allá de la perversión del proceso penal español que señalan los expertos y que ha permitido que dos organizaciones neofranquistas se permitan representar el interés público sustituyendo al Fiscal General del Estado, su representante natural, está empujada sin duda por razones extrajudiciales, compromete el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial y cuestiona la consideración de esta justicia como poder democrático del Estado".
Estas actuaciones del Tribunal Supremo son, de forma inequívoca, "un ataque a las víctimas del franquismo, a sus familias y a la memoria democrática española".
Añaden que además "pretenden sepultar y borrar dicha memoria, favoreciendo la impunidad de los liberticidas, lo que entendemos incompatible con el Estado Social y Democrático de Derecho, en el que vivimos". Desde la FABZ interpretan que "con la sanción al juez Garzón se quiere enviar un mensaje negativo e intimidatorio a otros jueces que, en España o fuera de ella, pretendan investigar los crímenes del franquismo, reforzando la impunidad de la que hasta hoy vienen gozando".
Las actuaciones emprendidas así contra el juez Garzón y las víctimas que vienen clamando por la reparación de la memoria y la dignidad de sus familiares por la vía judicial, "se escuda" en la preconstitucional Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977; instrumento garante de la impunidad de los victimarios, y que "dejó intactos los aparatos represivo y judicial del Estado franquista".
"Que se invoque esta ley de amnistía para perseguir a un juez por investigar las desapariciones forzadas producidas por un golpe de estado y un régimen represivo e ilegítimo, resulta insólito y ha sumido en la perplejidad a los medios jurídicos y a la prensa internacionales" añade el texto del manifiesto.
Sólo el Tribunal Supremo español "ignora" que las normas internacionales de derechos humanos establecen que el crimen de desaparición forzada no prescribe y que entorpecer su investigación "constituye un delito". Ninguna ley de amnistía puede contraponerse a estas normas y las leyes de punto final están "explícitamente prohibidas según el Derecho Internacional".
La responsabilidad de esta situación no corresponde únicamente al Tribunal Supremo, precisa el manifiesto al precisar que la Fiscalía General del Estado intervino, oponiéndose, cuando las asociaciones de víctimas presentaron sus peticiones ante el Supremo; incumpliendo así el mandato legal por el que debe promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y su fundamental función que le obliga a la protección de las víctimas.
Entonces sí que la Sala Penal de la Audiencia Nacional aceptó la argumentación del Ministerio Fiscal, "vulnerando la legalidad internacional".
Las organizaciones que suscriben este manifiesto "consideramos las actuaciones que venimos denunciando, como continuación de prácticas de la dictadura que suponen pisotear ideas, derechos y anhelos de justicia de las víctimas del franquismo".
En el manifiesto se explicita que "condenamos la pasividad del Estado Español ante estos crímenes contra la humanidad, según los califica el derecho internacional sobre derechos humanos, denunciados por organizaciones tanto nacionales como internacionales".
Para los firmantes del manifiesto "el Estado Español debe dejar de declararse heredero jurídico del franquismo, dejar de proteger la ley de amnistía de 1977, sabida ilegal a la luz del derecho internacional; anular todas las sentencias represivas dictadas por los tribunales de aquel régimen y reparar los daños a las víctimas. Sólo así será posible abandonar las hipotecas franquistas que lastran a la democracia española".
Las organizaciones que suscriben este manifiesto, acogiéndose al derecho de petición que concede el artículo 29 de la Constitución, con la máxima energía, y en solidaridad con el juez Garzón "perseguido por sus actuaciones de justicia para con las víctimas, pedimos de forma exigente al Tribunal Supremo que cese inmediatamente con esta persecución y resuelva las cuestiones pendientes en su sede sobre la causa de los crímenes contra la humanidad franquistas".
Sus exigencias también las trasladan al poder legislativo al que exigen que resuelva los "graves vacíos que han posibilitado la ominosa situación que amenaza con superar los límites de la democracia". "Creemos que la respuesta que se dé a las víctimas del franquismo es la piedra de toque del sistema político español; es la línea roja que separa democracia y no democracia".
Antes de concluir quieren dejar constancia de "nuestro temor y preocupación por la viabilidad de una democracia que no logra desembarazarse de los lastres totalitarios y antidemocráticos, sólo posible condenando de forma explícita todo lo que hizo y representa el franquismo".
