ZARAGOZA, 9 May. (EUROPA PRESS) -
El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, ha exigido este jueves al Gobierno de Aragón que aplique la Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad autónoma para dar una solución habitacional a las familias que corren riesgo de desahucio.
Híjar se ha reunido en el consistorio con representantes de la plataforma Stop Desahucios, por su "preocupación por cómo se está actuando con el nuevo convenio suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias".
"Al Ayuntamiento no se nos ha consultado sobre el contenido del convenio y nos parece extraño que la ciudad más importante de Aragón no haya participado, porque hubiéramos puesto el grito en el cielo en algunas cuestiones", ha advertido.
En este sentido, ha observado que "se están recuperando criterios que restringen los derechos de los aragoneses a la hora de tener protección y alternativa habitacional frente a la pérdida de su vivienda habitual y se está incumpliendo la ley 10/2016 del Gobierno de Aragón, una ley que nos felicitamos en su momento por su aprobación y que exigimos que se ponga en marcha", ha recalcado.
En Aragón "calculamos que puede haber una treintena de casos de desahucios señalados, la mayoría en Zaragoza", a los que se suman las "decenas de casos abiertos" que gestiona la oficina de Zaragoza Vivienda. Los nuevos criterios "restrictivos" están causando "que exista incertidumbre en las valoraciones y reclamamos que se vuelva al comportamiento anterior de la administración, que presuponía la buena fe a las familias que tenían riesgo de perder su vivienda habitual".
Híjar ha emplazado al departamento de Vivienda del Ejecutivo aragonés y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales a colaborar para solucionar la situación de estas familias y a utilizar, para ello, las catorce viviendas que el consistorio ha puesto a su disposición para que esas familias puedan ser alojadas en viviendas municipales.
"UN POCO DE CORDURA"
"Pedimos un poco de cordura y que, por lo menos, el mandato termine cumpliendo con las obligaciones de las administraciones públicas aragonesas para solucionar los problemas habitacionales de los ciudadanos", ha reiterado, para indicar que "el Gobierno de Aragón tiene unas muy buenas leyes en materia de vivienda y tienen que aplicarlas".
El concejal ha manifestado, asimismo, que la mayoría de los casos de desahucios son de alquiler y ha realizado un llamamiento al Gobierno que preside Javier Lambán para que "de una vez resuelva las ayudas a los inquilinos".
"Más de 9.000 familias aragonesas han solicitado las ayudas al alquiler de 2018 y están esperando que se adjudiquen. Es la mejor manera de prevenir los desahucios y que luego no tengamos estos problemas, que las ayudas a los inquilinos se paguen en tiempo y forma", ha sentenciado.
"MUY TRISTE"
Por su parte, la portavoz de Stop Desahucios, Concha Cano, ha coincidido en lamentar que el nuevo convenio tiene "cambios sustanciales" y se cuestiona de nuevo "la buena fe, lo que quiere decir que tienes que ser más pobre ahora que antes de iniciar el contrato, por lo que hay mucha gente que se quedaría en la calle", personas que dependen de subvenciones y prestaciones.
Además, algunas familias ya habían sido valoradas por el IASS y ahora "están pendientes" y, mientras tanto, "las administraciones están discutiendo y las familias se pueden quedar en la calle".
Tras varias reuniones con el IASS, "han decidido que se va a valorar la buena fe y nuestros casos se van a desatascar, será posible darles una solución habitacional", ha manifestado, si bien ha estimado que es "muy triste que por la pelea entre las instituciones sean las familias vulnerables las que están pagando el pato".
