ZARAGOZA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
La eurodiputada aragonesa, Isabel García (PSOE), ha celebrado este lunes que el criterio de despoblación servirá para distribuir las partidas del Fondo de Transición Justa de la UE. García forma parte de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo.
Esta incorporación se ha logrado gracias a una enmienda presentada por la eurodiputada aragonesa, que ha sido apoyada por otros compañeros y compañeras socialistas. La UE repartirá 40.000 millones de euros entre 2021 y 2027 a cargo del Fondo de Transición Justa, ha indicado García en una nota de prensa.
El objetivo de este fondo, del que se espera que España reciba 1.806 millones, es ayudar a las regiones más afectadas por la transición ecológica a avanzar hacia una economía descarbonizada. García ha destacado la importancia de "ofrecer oportunidades de trabajo de calidad que permitan a los afectados por los cierres quedarse en su tierra".
La eurodiputada ha hecho hincapié en que las zonas despobladas o escasamente pobladas "afrontan grandes retos en términos de servicios básicos, conectividad e infraestructuras".
"El tejido socioeconómico de la comarca de Andorra, cuya central térmica cerró la semana pasada, y las cuencas mineras, en la provincia de Teruel, depende en gran medida de las actividades relacionadas directa e indirectamente con la extracción de carbón", ha recordado.
Estos territorios también sufren el fenómeno de la despoblación que afecta a toda la provincia turolense. Por esta razón, la eurodiputada aragonesa ha defendido desde el primer momento que "el Fondo de Transición Justa debe apoyar la creación de trabajo en estas zonas, evitando deslocalizaciones y pérdida de población, ya que conllevarían un mayor vaciamiento y el consiguiente deterioro de los servicios públicos e infraestructuras en dichos territorios".
Por otra parte, el texto de la Comisión de Desarrollo Regional también incluye una de las prioridades del Gobierno de España: que se tenga en cuenta el compromiso de los países con la descarbonización, a través de un "mecanismo verde de recompensa".
Las negociaciones entre Parlamento y el Consejo empezarán una vez se haya aprobado el texto de manera definitiva en el pleno del Parlamento Europeo del mes de septiembre.
"Tenemos confianza en que la posición del Parlamento será fuerte y con un contenido de calidad en términos sociales y de protección de nuestros trabajadores y trabajadoras, y así lo defenderemos en las negociaciones con el Consejo", ha concluido García.
