ZARAGOZA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida (IU) ha recordado a los ciudadanos que tienen el derecho de que las compañías eléctricas instalen en los domicilios el contador digital de forma gratuita en el que ya viene incorporado el Interruptor de Control de Potencia (ICP).
Desde IU han realizado esta advertencia después de que las compañías eléctricas hayan comenzado a remitir cartas a los usuarios en las que se les anuncia la instalación de ICP previo pago por la sustitución del sistema actual y con un posterior pago por el enganche en la red y por el mantenimiento.
En caso de que no se sustituya, los usuarios reciben otra carta a los 20 días para proceder a la sustitución y en caso de no llevarlo a cabo se le aplica una sanción al usuario por el coste de la mayor capacidad de contratación de potencia, ha criticado el candidato número dos a la Alcaldía de Zaragoza, Pablo Muñoz.
En rueda de prensa ha explicado que esta sustitución de los contadores surge tras el acuerdo del Gobierno central con las compañías eléctricas recogido en el Real decreto 1454/2005 y en la orden Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 1857/2008, que obliga a esta renovación, pero ha puntualizado que el plazo es hasta 2018, fecha en la que se tendrán que haber instalado los contadores digitales.
La candidata número dos de IU a las Cortes de Aragón por Zaragoza, Patricia Luquín, ha señalado que el ICP que ahora colocan las compañías eléctricas "es para siete años de vigencia porque en el 2018 tendrán que estar instalados todos los contadores digitales" para deducir que esta medida supone "un afán recaudatorio de las eléctricas a las que además el Gobierno ha delegado la función sancionadora".
En este sentido, ha agregado que se trata de "un nuevo abuso de las eléctricas con el consentimiento del Ministerio de Industria" para recalcar que los ciudadanos "tenemos el derecho a exigir que nos coloquen el contador digital sin que repercuta en un nuevo gasto".
Entre los datos aportados ha citado que anualmente las eléctricas cobran en concepto de potencia alrededor de 5.000 millones de euros y como el total de abonados domésticos ronda los 24 millones y hay unos 10 millones de viviendas sin ICP, las cantidades que las eléctricas ingresarán rondarían los 106 millones de euros por derechos de enganche y 1,7 millones de euros mensuales por alquiler del equipo.
Para solicitar la derogación de las normas que regulan este cambio del ICP, desde IU van a presentar iniciativas ante el Congreso de los Diputados, las Cortes de Aragón y los Ayuntamientos.
El portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Zaragoza, José Manuel Alonso, ha detallado que la moción que defenderá en el Consistorio zaragozano solicitará el apoyo plenario para instar al Gobierno central a que "se elimine el coste del alquiler del nuevo contador que las compañías eléctricas están obligadas a instalar, de acuerdo con el plan de renovación de contadores vigente".
Otro apartado de la moción, cuyo contenido será similar al de la proposición no de ley que llevarán a las Cortes de Aragón y el Congreso de los Diputados, solicita "la derogación" del Real decreto y la posterior Orden citada, para posteriormente "arbitrar medidas para que los clientes que se han visto perjudicados por estas disposiciones recuperen el dinero injustamente pagado".
Al respecto, el coordinador general de IU-Aragón, Adolfo Barrena, ha apuntado que estas cartas de las eléctricas para que los usuarios instalen el ICP se han comenzado a distribuir por Andalucía, donde han llegado a 400.000 hogares y ha calculado que en Aragón podrían haberlas recibido unos 70.000 usuarios y sobre los dos millones de hogares en el conjunto de España.
"Se trata de un atraco de las eléctricas y conviene que los usuarios estén avisados", ha señalado Barrena para recomendar a los ciudadanos que acudan a las oficinas municipales de atención al consumidor para que "las eléctricas vean que están preparados los usuarios".
Un tercer aspecto de las iniciativas de IU reclama al Gobierno de España "anular la subida de la tarifa eléctrica aprobada por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos por considerarla inaceptable, desorbitada y fraudulenta".
Finalmente, el texto pide que del resultado de la votación de estas iniciativas "se de traslado al Consejo de Ministros, el Ministerio de Industria, la Mesa del Congreso de los Diputados a FACUA y OCU".