ZARAGOZA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha trasladado al Consejo Escolar de Aragón las líneas básicas para iniciar el debate sobre el Pacto por la Educación en Aragón.
Mayte Pérez ha asistido, por primera vez, al pleno del Consejo Escolar de Aragón en una sesión que le ha servido de presentación ante los miembros del máximo órgano de participación educativa de la Comunidad Autónoma, formado por representantes de todos los sectores del ámbito social, administrativo, territorial y político.
La iniciativa de este gran acuerdo parte de un diagnóstico del sistema educativo aragonés confeccionado con los informes publicados por el propio Consejo Escolar de Aragón. A partir de ahora, el Consejo Escolar de Aragón creará una comisión en la que se estudiarán por sectores las fortalezas que hay que potencias, las debilidades que hay que corregir y se concretarán las líneas generales propuestas por el Departamento de Educación.
La intención es que el Consejo Escolar pueda contar con un documento consensuado a lo largo de 2016 y que posteriormente pasará a las Cortes de Aragón, ha señalado el Gobierno autonómico en una nota de prensa.
El documento trasladado al Consejo Escolar de Aragón supone unas líneas básicas para el diálogo, que se podrán ampliar o modificar siempre con el consenso de los miembros del organismo. El texto recoge la necesidad de alcanzar un pacto social y político por la educación para dotar a la Comunidad de un modelo estable, adecuado a las características territoriales, sociales y económicas aragonesas y que no se vea afectado por la situación económica ni por decisiones presupuestarias.
Del mismo modo, busca recuperar el sistema de la disminución de inversiones que ha sufrido, que la política educativa se enmarque en una agenda a largo plazo y no solo de legislatura y una mejora en los indicadores que revelan debilidades.
OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Los objetivos a alcanzar son que la educación sea un servicio público en continua mejora; el reconocimiento de la escuela rural como elemento de cohesión y vertebración del territorio, su protección y priorización en la asignación de recursos; la autonomía de los centros educativos; la participación de la comunidad educativa; y la corresponsabilidad de las administraciones.
Otras finalidades son el reconocimiento del profesorado mediante el desarrollo de una carrera profesional y su formación; la integración de los alumnos y la garantía de equidad; la suficiencia de plazas escolares desde los 3 hasta los 18 años; la educación a lo largo de la vida; y la formación y cualificación profesional de los ciudadanos y su integración en el mundo laboral.
Para conseguirlo, se propone trabajar en seis líneas prioritarias y la primera es la inversión para establecer un mínimo que garantice la calidad del sistema; seguida de la planificación, que comprende infraestructuras, ratios y escolarización; y la equidad e innovación, con un modelo inclusivo y garante de la igualdad de oportunidades.
Las otras suponen entender la escuela rural como fórmula de cohesión del territorio; reconocer la función del profesorado y la mejora de las condiciones laborales; y la participación y modelo de centro para conseguir corresponsabilidad e implicación de la comunidad educativa.
