Nolasco informa de que 36 de 219 menores extranjeros no acompañados se han visto implicados en incidentes violentos

1099478.1.260.149.20260625150803

ZARAGOZA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Treinta y seis de los 219 menores extranjeros no acompañados que acoge Aragón se han visto implicados en incidentes violentos y 16 de ellos se hallan recluidos por orden judicial, casi uno de cada cinco, según la información recopilada por el Departamento de Desregulación, Bienestar y Familia del Gobierno de Aragón, en un dosSier que describe con detalle 17 episodios de violencia protagonizados por estos menores entre el 20 de mayo y el 19 de junio.

Agresiones, consumo de drogas, robos con violencia y amenazas de muerte figuran en el resumen de hechos elaborado, según traslada el Departamento, a partir de los informes remitidos por las direcciones de los centros de menores extranjeros no acompañados existentes en la Comunidad, a los que "incomprensiblemente" estos jóvenes son devueltos, ha criticado Nolasco, después de "sus salidas a la calle con absoluta impunidad".

A ello, el vicepresidente Nolasco ha añadido que, según los registros del Instituto Nacional de Estadística, "la tasa de condenas penales a menores inmigrantes que residen en España, sean o no menas, estén en situación legal o ilegal, es exactamente el doble de la tasa de condenas penales a menores españoles".

En cuanto al "perfil tipo de estos supuestos menas que residen en centros de menores y que protagonizan delitos y sucesos de mucha gravedad", Nolasco ha desgranado que "son magrebíes, con edad promedio de 17 años --según su propia declaración-- y el Gobierno de Pedro Sánchez da por bueno sin someterlos a pruebas forenses de determinación de edad", ha lamentado.

Con esos datos en la mano, el vicepresidente del Gobierno de Aragón insiste en combatir la llegada de menores extranjeros no acompañados a Aragón --219 de los 1.700 menores no acompañados que atiende Aragón-- dentro del mecanismo de reparto establecido por el Ministerio de Juventud e Infancia para aliviar la presión migratoria de los centros saturados.

UN "TRIPLE FRAUDE"

Una política "corrupta" del Gobierno central, ha calificado Nolasco que supone a su juicio un "triple fraude" por no comprobar la edad de quienes llegan como menores, no proceder a su devolución y asegurar que no tienen vínculos familiares cuando, ha defendido que sí los tienen.

"Sólo puede calificarse como corrupción gastar millones de euros de dinero público de todos los españoles en pagar la estancia de quienes entran ilegalmente en España y, siendo menores o diciendo falsamente que lo son, son premiados con ingentes cantidades de dinero público para que puedan ejercer como delincuentes y puedan moverse a sus anchas", ha criticado el vicepresidente, que pese a todo ello, ha lamentado que "se les pretende garantizar su residencia futuro en nuestro país cuando sean mayores de edad".

Nolasco ha insistido en que su intención no es "criminalizar" a la inmigración ni a los "menas", sino "describir la realidad que otros llevan años empeñados en ocultar, en maquillar, en falsear", y ha asegurado estos jóvenes utilizan su estancia en España "como una universidad del delito, un extraordinario máster en delincuencia pagado por el Gobierno de Sánchez con el dinero de todos los españoles".

Por ello, el consejero ha incidido en que el Ejecutivo autonómico denuncia la inmigración ilegal "en primer lugar, porque es ilegal". De este modo, ha criticado que "esa inmigración ilegal sea amparada permitiendo la estancia en nuestro país de supuestos menores que jamás deberían estar en España, sino en sus países y con sus familias".

"Y estoy denunciando que entre esa inmigración ilegal de menores se cuela, con el beneplácito y la colaboración activa del Gobierno de Pedro Sánchez, un alarmante porcentaje de auténticos delincuentes que, con el patrocinio del Estado, disfrutan de una privilegiada estancia a gastos pagados para poder ejercer el delito y perfeccionarse en la delincuencia", ha sintetizado.

"Ni son niños, ni están desamparados, ni deberían estar entre nosotros, ni tendrían que estar entre los menores. Son, lisa y llanamente, delincuentes", ha defendido.

A preguntas de los medios de comunicación, el consejero y vicepresidente ha lamentado que la presencia de estos jóvenes violentos impiden una convivencia pacífica en muchos de los centros y los convierten en un "verdadero infierno" y "pagan justos por pecadores porque los que se portan bien también sufren las consecuencias de los más violentos".

Para combatir esta situación, el vicepresidente ha insistido en las medidas impulsadas para reclamar certificados biológicos a todos los menores, la próxima implantación de seguridad privada las 24 horas y la personación del Gobierno de Aragón como acusación en todos aquellos casos donde un menor extranjero no acompañado agreda a cualquier persona, además de una "ofensiva" contra la Delegación del Gobierno y la articulación de contactos con embajadas de otros países para la devolución de esos menores.

TRASLADARÁ EL DOSSIER AL JUSTICIA

En alusión a las declaraciones de la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, este jueves en las Cortes, en las que ha reclamado no identificar a los menores inmigrantes con la violencia y cuidar el lenguaje, Nolasco ha reaccionado deduciendo que la Justicia "seguramente no conoce este dossier y nosotros vamos a hacérselo llegar en cuanto podamos para ver si cambia de opinión, porque lo que aquí decimos son datos, no hay una criminalización de nadie por el simple hecho de que nos dé la gana".

Además, y sobre la situación concreta que afrontan los trabajadores de los centros de menores, Nolasco ha explicado que la semana pasada se reunió con dos educadores de CGT y se ha mostrado abierto en trabajar para lograr que el sector cuente con un convenio autonómico, además de aumentar el número de trabajadores y de mejorar sus condiciones laborales, "pero no como solución a la violencia, sino como refuerzo", ha matizado el vicepresidente aragonés.